Batalla judicial de las CCAA, organizaciones agrarias y cazadores contra la orden
Castilla y León recurrirá ante la Audiencia Nacional, a través de un recurso contencioso, la entrada en vigor de la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres protegidas en su integridad, por atentar contra los objetivos del reto demográfico.
Este recurso, a título individual, se une a los que interpondrán las comunidades de Asturias, Cantabria y Galicia, limítrofes con Castilla y León, según anunció ayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien criticó una medida que perjudicará a la ganadería extensiva. Y también «por el peligro de abandono de nuestro territorio, de nuestros pueblos: es contraria a los principios del Reto Demográfico y además sin ninguna razón que lo justifique», ha añadido el consejero al evaluar esta resolución del Gobierno de España que publica este martes el BOE y ya anunció hace meses el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Por su parte, las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA, que acusan al Gobierno de «condenar a la extinción a la ganadería» con una medida «urbanita e irresponsable, que causará dolor y pérdidas económicas en el medio rural», impulsada «con prepotencia» por una decisión «tendenciosa e ideológica basada en la falsedad de que el lobo está amenazado en España».
Los ganaderos acusan a la ministra Teresa Ribera —a la que Coag ha llegado a pedir que se declare persona ‘non grata’ en Castilla y León— y al Mitecode «faltar a su palabra» con un «capricho caciquil» porque «se comprometieron a negociar el protocolo de gestión de la especie antes de adoptar esta medida», decidida por «una minoría de animalistas» ubicada en «los despachos y no en los pueblos ganaderos».
Además, la portavoz de Agricultura del grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Milagros Marcos, aseguró que prohibir la caza del lobo en todo el territorio español perjudicará «muy seriamente» la «economía del medio rural y de su actividad ganadera».
La Real Federación Española de Caza también ha anunciado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.