El campo, extenuado, reclama soluciones ya

El campo español estalló el pasado 17 de enero convocando varias semanas de movilizaciones por todo el país. Detrás están las tres grandes organizaciones profesionales del sector: Asaja, Coag y UPA. "Urge tomar medidas de apoyo ante los ataques que estamos sufriendo", reclamaban. "No podemos esperar ni un día más", insisten hoy tras obtener buenas palabras y promesas desde el Gobierno, pero seguir sin obtener hechos concretos.

Pero, ¿cuáles son esos "ataques"? Las actividades agropecuarias llevan ya varios años arrastrando una serie de problemas, en parte estructurales y que se resumen a continuación, aunque el pasado 2019 los ha agudizado con una pérdida de la renta agraria cercana al 9% pese a que la inflación subió casi un punto.

Desequilibrio de precios

Es el gran problema agrario pero de solución complicada. Agricultores y ganaderos reciben precios muy inferiores a los que abonan los consumidores, pues en la cadena alimentaria también hay intermediarios y distribuidores. Pero esas diferencias en varios casos son abismales y, además, se bajan algunas tarifas en origen aunque suben en destino.

Dos viandantes cruzan un paso de cebra entre los tractores en Toledo, el martes 4 de febrero. ISMAEL HERRERO

Descontado el efecto de la inflación, en los últimos 15 años la contraprestación pagada a agricultores y ganaderos (los pescadores están en situación similar) ha caído un 15,5%, mientras que la industria procesadora y las cadenas de distribución han incrementado sus tarifas un 27%. Y según el índice de precios en origen y destino de los alimentos (IPOD) que elabora cada mes Coag, en diciembre la diferencia en un producto tan esencial como la patata se disparaba hasta el 700% -ocho veces más caro para el consumidor-, en la cebolla era del 625%, en la naranja del 574%, el 543% en las acelgas, el 492% en los limones, el 454% en las manzanas, el 341% en las lechugas, el 301% en la carne de ternera, el 244% en el pollo y el 152% en la leche de vaca, entre otros. En promedio, los productos de la agricultura se encarecían 4,8 veces y en la ganadería 3.

Desde 2018, según la justicia europea, las ventas a pérdidas solo pueden sancionarse si son "desleales". Aún así, el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunciaba el martes que regulará "contra la destrucción de valor de los productos a lo largo de la cadena". La distribución aduce que no son el problema, que hay más actores, y el Gobierno promete ser más activo en sancionar abusos aunque las competencias están transferidas a las autonomías.

Costes al alza

Los costes de producción de los profesionales del campo han pasado a representar casi el 50% del valor final (subieron un 3,5% en 2019) frente a solo la tercera parte hace poco más de un lustro. Fertilizantes, piensos y la energía eléctrica son fundamentales en los procesos agrícolas. También el combustible: el gasóleo cerró 2019 con su precio más alto en cuatro años y el Gobierno ha prometido elevar su fiscalidad en 2020, lo que reducirá los márgenes del sector. Y sin olvidar la subida de los seguros agrarios, donde las organizaciones agrarias denuncian actuaciones de monopolio y piden más ayuda del Estado para reducir su impacto.

Cerca de 2.000 agricultores de la provincia de Salamanca se suman a las protestas. JM GARCÍA

Barreras comerciales

La decisión de EE UU de elevar un 25% los aranceles a varios productos españoles, como el aceite de oliva, las aceitunas negras, el vino y el queso, es solo una parte de las barreras comerciales que los últimos años han aumentado para las exportaciones agrícolas españolas. Otros países, como China, mantienen aún importantes restricciones, mientras que el veto de Rusia a productos de la UE (por las sanciones derivadas del conflicto ucraniano) cierra un posible mercado alternativo.

Una PAC más reducida

La salida del Reino Unido fuera de la Unión Europea tiene entre sus paganos al campo. Aparte de tener que negociar un nuevo acuerdo, la nueva Política Agraria Común (PAC) tendrá menos recursos: en el caso de España, el último proyecto de reforma presentaba un recorte del 5,4%. El Gobierno quiere renegociarlo, y no es el único país, pero 2020 es el último año del anterior sistema, con 4.954 millones de euros a repartir entre un máximo de 693.000 agricultores y ganaderos.

Paro y salario mínimo

La cifra de desempleados en el sector agrícola superó en enero las 150.000 personas -en 2019 dio trabajo a una media de 950.000 personas y apenas representa el 5% de la ocupación total-, un 6,5% más que en diciembre y el avance más elevado desde 2013. El Gobierno alude a un problema coyuntural por la campaña de la aceituna, pero otros años no se acusó tanto. Y en 12 meses ha perdido 1.700 autónomos. La subida del salario mínimo (SMI) ha sido la última gota, aunque se minimizaría si pudieran cubrir costes. Cambio climático Sequía -más larga en 2019-, gota fría, temporales o granizo -el año pasado cayó el doble- han hecho que agricultores y ganaderos, además de pedir cambios en los seguros, se reivindiquen ante el cambio climático. (APOYO) El exceso de producción castiga a los aceiteros Los aranceles de EE UU y las tarifas bajas que fija la UE en las subastas para el almacenamiento privado impiden adecuar mejor oferta y demanda El llamado oro verde lleva ya casi dos años perdiendo brillo, al menos para el bolsillo de los profesionales, aunque con altibajos marcados en buena medida por el clima. Así, tras una campaña 2018-19 (cerró el 30 de septiembre) récord en producción al cosechar 1,78 millones de toneladas entre aceite de oliva y aceituna de mesa, se espera otra temporada claramente más baja.

Caravana de tractores de los olivareros cortan las principales carreteras de Jaén, a primeros de enero. JOSÉ MANUEL PEDROSA

La horquilla de previsiones de los expertos para la campaña 2019-2020 va desde apenas un millón de toneladas hasta 1,35, lo que podría suponer en la franja inferior más de un tercio menos. No obstante, en la media del último lustro el descenso no pasaría del 5%, y eso viniendo de una temporada que se elevó un 50%.

En esto consiste el carácter vecero del sector, esto es, de una gran campaña se suele pasar a otra siguiente baja. Ello, no obstante, permite compensar la inestabilidad de precios que también suele arrastrar, aunque en los últimos años ha estado marcada por una tendencia a la baja iniciada en marzo de 2018 que aún no ha logrado remontar. Si nos remontamos a 2017, la depreciación llega al 47% frente a los cuatro euros que rozó el kilo. Pero los consumidores no notan mucho ese descenso. De ahí nace una de las grandes quejas de los productores de aceite y aceitunas: que la cadena alimentaria no funciona bien.

A finales de enero recibían apenas 1,8 euros por kilo de aceite virgen de oliva y el lampante (que debe refinarse) a 1,7, menos de la mitad que en Italia, su gran competidor, mientras que en Grecia y Turquía se superaban con creces los dos euros. Y con la desventaja añadida de los nuevos aranceles de EE UU, que encarecen sus exportaciones un 25%, empiezan a generar pérdidas.

El mecanismo de almacenamiento privado de la UE tampoco palia mucho la situación. Su ayuda por retirar aceite temporalmente (hasta que se recuperen los precios) ha llegado a bajar del euro/tonelada y el sector dice que no les compensaría.