Las comunidades loberas pedirán medidas cautelares para frenar los planes de Ribera

El anuncio la semana pasada del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto de Demográfico (Miteco) de someter a información pública la orden para que a partir de septiembre el lobo quede incluido en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre), ha levantado el unánime rechazo de las llamadas comunidades loberas, que acogen al 95% de la población española.

Así quedó ayer de manifiesto en el encuentro mantenido en León entre los consejeros y la consejera implicados en la gestión de la especie de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, en el que también participaron los responsables nacionales de las principales organizaciones agrarias del país, Asaja, Coag y UPA.

Tras la reunión, celebrada en el Centro para la Defensa contra el Fuego de la capital leonesa, los consejeros lanzaron un claro mensaje a la ministra Teresa Ribera. O retira antes del 15 de junio la propuesta y se sienta a negociar con todos los agentes implicados en la gestión de la especie, o presentarán un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en el que se pedirán medidas cautelares con las que poder paralizar el proceso hasta el pronunciamiento final de los tribunales.

«No es un no por el no, es un no razonado, por eso pedimos diálogo», explicó el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, que apunta a que las formas con las que se ha gestado esta propuesta «podrían ser constitutivas de nulidad desde el punto de vista administrativo».

Como alternativa al procedimiento judicial, las cuatro comunidades, que además cuentan con el respaldo de otras siete autonomías –País Vasco, Navarra, Aragón, Madrid, Andalucía, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta, proponen al ministerio la elaboración de un nuevo censo nacional –el actual data de 2011–, que permita saber cuál es el verdadero estado de la población. Seguidamente apuestan por diseñar una estrategia conjunta de gestión de la especie de las cuatro comunidades autónomas que será trasladada tanto al Gobierno como al resto de comunidades autónomas para su consideración y discusión en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, órgano que formalmente es que debe acordar su aprobación.

Por su parte, la consejera de Galicia, Ángeles Vázquez, considera que la orden supone «una auténtica amenaza para lograr el equilibrio necesario en la convivencia entre el lobo y el ser humano, y así es imposible defender a la especie como lo hemos hecho hasta ahora». Vazquez, que recordó que solo Galicia tiene más lobos que Portugal y Galicia juntos, criticó duramente los argumentos esgrimidos por el ministerio por carecer del rigor científico necesario. «El propio informe en el que se basa la inclusión ya advierte de que el lobo está en un estado de conservación favorable y que los únicos motivos de inclusión son culturales y ecológicos, motivos que por otro ya están contemplados en los planes de gestión. También se habla de que es una especie amenaza y en riesgo de extinción cuando las poblaciones han crecido un 30% desde 2003».

Por su parte, el consejero asturiano, Alejandro Calvo, ve con preocupación el estado jurídico en el que queda la especie, y apuesta por el diálogo como única vía para llegar al entendimiento. En el Principado, donde la especie no es cinegética, temen que la nueva catalogación amenace sus actuales planes de gestión, por lo que su consejero aboga por incluir la gestión de la ganadería extensiva en las políticas de biodiversidad y en la futura estrategia de gestión del lobo ibérico y su conservación.

Muy rotundo también se mostró el consejero de Cantabria, Guillermo Blanco, que comenzó diciendo que esto no es una guerra de «rojos contra azules» en referencia a los distintos colores de las comunidades ahí reunidas, sino que se trata de «actuar correctamente no como está haciendo el misterio», al que acusó de cometer «un atentado y un desprecio total contra el medio rural, algo que no se entiende cuando en su nombre lleva la palabra ‘reto demográfico’».

Blanco denunció que «no se ha contado con los parlamentos, ayuntamientos, ni con el medio rural ni sus representantes» y ha enfatizado en que «se ha despreciado las llamadas al consenso, ni se han contestado a los informes presentados ni argumentado la carta remitida ya hace unos meses».

Por eso apunta a que se ha cometido «una deslealtad institucional entre el ministerio las comunidades, que también somos Estado», matizó.