El Consejo de Cuentas mide la eficacia de las entidades contra la despoblación
Elabora un informe para analizar el cumplimiento de los objetivos del plan estratégico nacional
Pleno del Consejo de Cuentas celebrado ayer presidido por Mario Amilivia. DL
El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha iniciado el informe de Fiscalización de la aplicación de las medidas aprobadas por las Cortes de Castilla y León en materia de despoblación en las entidades locales, correspondiente al Plan Anual de Fiscalizaciones 2019. El Pleno de la institución aprobó ayer las directrices técnicas que guiarán la elaboración de los trabajos de un informe que tiene carácter novedoso en el ámbito de las materias objeto de fiscalización por los órganos de control externo autonómico.
El informe responde a uno de los objetivos prioritarios del Plan Estratégico 2019-2022 del Consejo, basado en acercar las fiscalizaciones a las inquietudes sociales mediante el impulso de auditorías operativas que permitan la evaluación de resultados de las políticas públicas, conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia.
La elaboración de esta fiscalización operativa corresponde al Departamento de Entidades Locales del Consejo de Cuentas y en ella se analizarán las actuaciones, medidas y procedimientos adoptados por los ayuntamientos y diputaciones provinciales en materia de despoblación, así como el establecimiento de indicadores que permitan medir el grado de consecución de los objetivos y la eficacia alcanzada. Además, se examinarán los programas presupuestarios destinados a la lucha contra la despoblación y aquellos otros que pudieran estar relacionados con los mismos.
Entre los objetivos del informe figura establecer las tendencias poblacionales de la comunidad en los últimos 15 años, así como su relación con indicadores y magnitudes de actividad económica y de servicios. También se busca analizar las actuaciones, medidas y políticas promovidas por las administraciones públicas para su ejecución por parte de los ayuntamientos y diputaciones provinciales en materia de despoblación, así como la existencia de una planificación al respecto. Del mismo modo, se verificará la aplicación por los ayuntamientos y diputaciones provinciales, especialmente durante los últimos seis años, de políticas contra la despoblación y su plasmación, en el marco de sus competencias, en reglamentos, ordenanzas y otras disposiciones y acuerdos. Concretamente se estudiará la ejecución de los gastos y programas relacionados con la despoblación.
Cabe recordar que ya en la sexta legislatura del parlamento autonómico se constituyó la «Comisión no permanente sobre la evolución de la población de Castilla y León». Esta Comisión tuvo como fruto un acuerdo del Pleno de las Cortes en 2005 donde se contenían toda una batería de medidas, que habían sido consensuadas en base a las aportaciones de expertos que participaron en ella.
El informe que plantea el Consejo de Cuentas busca analizar qué actuaciones han sido promovidas por las diferentes administraciones públicas, cuáles han tomado las entidades locales de Castilla y León para fijar población, y hasta qué punto se encuentran alineadas con las que las Cortes recogieron.