Diez comunidades y las opas exigen que la gestión del lobo respete al medio rural

Castilla y León y otras nueve comunidades autónomas suscribieron ayer con las organizaciones profesionales agrarias Asaja, Coag y UPA una carta abierta para reclamar una gestión del lobo ibérico basada en «el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia».

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y sus homólogos de Galicia, Asturias y Cantabria mantuvieron una reunión telemática con representantes institucionales de las comunidades autónomas de País Vasco, Andalucía, Murcia, Aragón, Madrid y Ceuta, así como con los máximos representantes nacionales de las organizaciones agrarias,

La carta expresa el apoyo de los firmantes a la gestión del lobo en el marco legal establecido por la Directiva Hábitats de la Unión Europea y el Convenio de Berna, que reconocen la diversidad de situaciones de la especie en las diferentes regiones europeas «no como un problema, sino como una oportunidad para una gestión adaptada a las singularidades locales y siempre basada en la mejor información disponible y en la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva».

Asimismo, rechaza que se reduzca el marco competencial y de actuación de las comunidades autónomas para gestionar la especie, pues el actual estatus legal «permite que las que así lo consideren puedan otorgar un máximo nivel de protección que impida cualquier control letal», a la vez que facilita que otras puedan gestionarlo «bajo el actual régimen, que garantizando su estado de conservación favorable, habilita los controles de ejemplares, incluso mediante normas cinegéticas como permite la Directiva Hábitats».

«Respetamos sinceramente la independencia del Comité Científico y de aquellas personas que desde el ámbito de la ciencia o desde su mero posicionamiento personal, abogan por la inclusión del Lobo Ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Con la misma rotundidad exigimos respeto al trabajo que desde hace años vienen realizando los técnicos de las diferentes comunidades autónomas, que a su formación académica añaden la experiencia en la gestión cotidiana de la especie en un mundo real en el que además de las consideraciones ecológicas deben tenerse muy en cuenta las de tipo social y económico que, en un medio humanizado como es el que habita el lobo, son componentes muy relevantes», reza la misiva.

En este sentido, los firmantes lamentan que «se confunda» la discrepancia con el dictamen del Comité Científico con la descalificación que «jamás ha estado en la intención de los firmantes».

«Es el propio dictamen el que, a falta de una justificación legal para incluir el lobo en el Lespre, considera que otros criterios de inclusión, como su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad, rareza o grado de amenaza, están poco formalizados y no dejan de ser muy subjetivos», añade el texto.

Tras mostrar su «apoyo incondicional» a la ganadería extensiva, a la que consideran «fundamental» en la economía de las zonas rurales, abogan por un modelo de «coexistencia» basado en las medidas ya contempladas en los planes de gestión de las autonomías, con el objetivo de la reducción de los daños y la «justa indemnización» cuando estos se produzcan.

También subraya la misiva el «papel clave» de la ganadería extensiva en «el mantenimiento de la biodiversidad y de determinados hábitats naturales».

Ante esto, los firmantes hacen un llamamiento al Ministerio a «volver al escenario de consenso y diálogo», renunciando a continuar con la tramitación de la inclusión del lobo en el Lespre.