Ferduero alega contra un plan «ideológico» que atenta contra el medio rural y su futuro

El Plan Hidrológico del Duero tiene como único fin «la consecución de los objetivos ambientales, amparándose siempre en Europa, que sirve de excusa para todo, al igual que en el ya ‘excesivamente manoseado’ cambio climático». El documento de alegaciones presentado por la Federación de Regantes del duero al borrador del Plan Hidrológico de la cuenca 2022-207 empieza así a mostrar su desacuerdo con un plan «más que nunca ecológico e ideológico» en el que los usos y la actividad económica «pasan a un segundo plano». Por ello, Ferduero anima a todos los habitantes del medio rural, usuarios de aguas, y regantes, que muestren su «firme oposición» a la normativa del PHD, que persigue objetivos medioambientales que limitan el desarrollo agrícola y la actividad del medio rural.

Los regantes denostan la intención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de basarse únicamente en «la lucha contra el cambio climático y el logro de la transición económica» como únicos objetivos para actuar contra el reto demográfico, que «implica también conseguir ineludiblemente la sostenibilidad económica y social, no solo la ambiental».

El desacuerdo con el planteamiento de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para regular el futuro próximo de la cuenca es tal que consideran que, de pasar a ser un sector esencial en la pandemia, este estatus «es olvidado por las administraciones dedicadas a temas hidráulicos y agrarios, que lejos de actuar de forma consecuente con la importancia estratégica de nuestra actividad para la garantía y soberanía alimentarias, nos excluye sistemáticamente de las inversiones, privándonos de las obras hidráulicas y de modernización que necesitamos para garantizar la disponibilidad de agua y para que podamos desarrollar nuestra actividad sin restricciones».

Entre sus alegaciones principales, destaca su negativa que se modifique el orden de prioridades en el uso del agua que lleva a que, por encima de todos los usos, primar «el uso medioambiental del agua», algo que Ferduero considera «una auténtica modificación encubierta de la propia Ley de Aguas».

La federación también se muestra contraria a que se establezcan unos caudales máximos en un conjunto de ríos regulados «porque pueden llegar a ser incompatibles con el uso del regadío y la satisfacción de las demandas agrarias». Creen que esta medida provocaría «un daño incalculable a la actividad agrícola» y recuerdan que «en la casi totalidad de las zonas afectadas el potencial ecológico de las masas de agua es bueno o superior».

Dotaciones

En otra de sus propuestas abordan la asignación y reserva de recursos que propone CHD que consideran «un documento absolutamente intrabajable, oscuro y engorroso, imposible de destripar en su conjunto». Consideran que las propuestas de dotaciones elevadas por las Juntas de Explotación a la Comisión de Desembalse y aprobadas por esta última «se apliquen por igual a todos los usuarios del sistema en cuestión, sean canales del Estado o regadíos concesionales, no sólo en años de sequía, sino también en años de normalidad, tal y como se viene haciendo regularmente desde la sequía del año hidrológico 2016-2017».

También reclaman que las dotaciones establecidas se revisen a lo largo de la campaña, sobre todo el años de sequía y «que todos los usuarios de cada sistema tengan a disposición idénticos caudales».

Acerca del capítulo en el que se recogen las zonas protegidas y del régimen de protección, Ferduero estima que, según CHD, «todo está especialmente protegido en mayor o menor grado y parece estar encaminado a hacer incompatible la actividad humana en los ríos y sus márgenes con estas especiales protecciones establecidas en nuestros ríos».

Argumentan que esta protección está basada en preceptos imprecisos, que «conducen inexorablemente a actuaciones discrecionales de la propia Administración Hidráulica de suerte tal que las solicitudes que el ciudadano presente ante la Administración, podrán ser estimadas o desestimadas dependiendo del criterio que haya adoptado aquella, con el peligro de desembocar en la prohibida arbitrariedad administrativa».

Ferduero recuerda que para las comunidades de regantes la conservación del medi ambiente «es un objetivo fundamental» y defiende que, en un escenario de cambio climático con una disminución media del 11% de las aportaciones e inestabilidad, defiende la mejora de la eficiencia del regadío mediante la modernización de sus infraestructuras «y un leve incremento de la regulación (del 31% actual de las aportaciones de la cuenca a un 45-50%, con lo que seguiríamos aún muy por debajo de las otras grandes cuencas), son las estrategias más adecuadas».

Entre otras cuestiones, los regantes también abordan las concesiones hidroelétricas, un punto en el que considera que deberían buscarse fórmulas para aplicar la energía hidroeléctrica de los saltos que hay en toda la geográfica española y en la del Duero en particular, en los embalses destinados al riego, «para que esa energía fuera directamente aprovechada en la agricultura y para la agricultura, lo que beneficiaría al sector primario en contra de las grandes empresas eléctricas de nuestro país».

Sus alegaciones, además, entran en una de las cuestiones más polémicas de los últimos meses sobre el CHD. El hecho de que no se permitirán, como normal general, las plantaciones de cultivos arbóreos en el cauce de los ríos supone «una ruptura total con la situación actual en la práctica totalidad de las zonas limítrofes a los ríos, donde las localidades ribereñas con la plantación de chopos conseguían unos ingresos que facilitan la vida de los pobladores de estas zonas y por otra parte mantienen limpios y en buen estado las riberas de nuestros ríos». A su juicio, es «un error de bulto» este cambio en la legislación, que «debe de ser modificada porque creemos que es perfectamente compatible la plantación de chopos en las riberas de los ríos con el medio ambiente».

Los regantes también inciden en la necesidad de incrementar la regulación de los ríos, «una política que no se está llevando a cabo a pesar de que se conoce su efectividad, su necesidad y su conveniencia». En este punto, reclaman «un impulso definitivo al cumplimiento de los programas de medidas que afectan a la agricultura de regadío (cuya ejecución está por debajo del 30%, el 20% a nivel nacional) para lograr el objetivo que todos perseguimos que no es otro que el ahorro y la eficiencia en la gestión del agua». En León, reclaman finalizar los regadíos de Payuelos y ejecutar los de Valderas, además insiste en que se lleve a cabo el proyecto de los embalses de La Rial y Los Morales, en el Órbigo.