El fiscal pide que Victorino Alonso entre en prisión antes de diez días por riesgo de fuga
Considera que tiene «capacidad económica» para eludir la justicia
El empresario, a la derecha, entra en la Audiencia acompañado por su abogado. MARCIANO PÉREZ
Después de que el Tribunal Supremo ratificara la condena impuesta a Victorino Alonso García de cuatro años de cárcel y el pago de 25 millones de multa por explotar sin licencia Nueva Julia, el fiscal de la Audiencia Provincial de León, Ismael Tascón, ha solicitado la entrada en prisión del empresario minero de manera voluntaria y en un plazo inferior a diez días.
Entre las medidas cautelares solicitadas también figura la prohibición de salida del territorio nacional así como la retirada de su pasaporte y expedición de uno nuevo dada la gravedad de las penas impuestas.
Dicha petición se llega tras conocerse en octubre de 2021 la participación del condenado en la trama conocida como Papeles de Panamá. Por esto motivo, el fiscal entiende que el condenado dispone «de una notable capacidad económica para sustraerse de la acción de la justicia».
Para el caso de que no se acordará dicho ingreso voluntario por parte del tribunal sentenciador, debido a la posible interposición de recurso extraordinario por parte del condenado, el fiscal solicita de forma subsidiaria a lo peticionado que se acuerde igualmente la prohibición de salida del territorio nacional del condenado sin autorización judicial previa.
Asimismo pide que se acuerden comparecencias semanales del condenado y el establecimiento de una fianza de 6.086.720,5 euros para garantizar el pago de las responsabilidades civiles.
Esta petición se produce después de que la semana pasada la La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmara la sentencia de la Audiencia Provincial de León emitida hace dos años de 4 años de prisión al empresario minero por los daños medioambientales causados por la explotación de la mina de carbón a cielo abierto Nueva Julia, entre los términos municipales de Cabrillanes y Villablino.
Los cinco magistrados desestimaron uno por uno los diez motivos del recurso de casación interpuesto por la defensa del condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de León dictada hace dos años que le impuso luna pena de prisión y el pago de 24.346.882 euros, en concepto de responsabilidad civil, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. También declaró la responsabilidad civil subsidiaria, en el pago de dicha cantidad, de la entidad Minero Siderúrgica de Ponferrada SA y su sucesora Coto Minero del Cantábrico.
La Sala consideró que la empresa tenía licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de Cabrillanes, pero que los trabajos de explotación se deberían circunscribir a labores a realizar en el perímetro de Suelo Rústico Común, «quedando denegada la licencia para la ejecución de cualquier tipo de obra en Suelo Rústico de Protección Natural Pastizal y Matorral y en Suelo Rústico con Protección de Espacios Naturales de Interés Especial, y, sin embargo, la promotora ocupó la parcela nº 4 y nº 5 sin contar con la preceptiva licencia, actuaciones que se ejecutaron a sabiendas de su ilegalidad».
Asimismo, el tribunal precisó que la promotora «invadió terrenos pertenecientes al municipio de Villablino, cuando la concesión minera se ceñía exclusivamente al municipio de Cabrillanes, extralimitación que ocupó un terreno de 18,8 hectáreas del Monte 280, terreno protegido por la Red Natura 2000, terrenos cuya invasión no contaba con ningún tipo de autorización administrativa ni por parte de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, ni de licencia municipal de apertura ni urbanística por parte del Ayuntamiento de Villablino».
Además, señala que la entidad promotora «no llevó a cabo los trabajos de restauración en la forma y condiciones previstas en la Declaración de Impacto Ambiental, siendo la extensión de terreno dañado 424,49 hectáreas».
El empresario tiene aún pendiente que resuelva el recurso presentado también por sus abogados ante el Tribunal Supremo por una sentencia anterior a Nueva Julia, la que en septiembre de 2019 lo condenaba a dos años y medio de prisión también por explotar ilegal durante 13 años la mina El Feixolín, en Villablino.