Los jefes de servicio cuestionan las nuevas medidas de saneamiento animal de la Junta
El sindicato de veterinarios amenaza con recurrir al Ministerio la relajación de los controles
Temen que se pierdan los buenos datos sanitarios obtenidos hasta ahora. MARCIANO PÉRZ
Los jefes del servicio de Sanidad Animal de las nueve provincias de la comunidad han puesto de manifiesto en un informe que determinados aspectos de los programas de saneamiento de enfermedades de los rumiantes anunciados por Castilla y León en la resolución del 15 de mayo, «son contrarios a los programas nacionales de control». En este sentido recuerdan que «según el ordenamiento jurídico existente en España y las competencias establecidas, una norma de una comunidad autónoma no puede desbordar a una norma de rango nacional ni de la Unión Europea».
Explican además que Castilla y León «ha sido una referencia en los programas de vigilancia, control y erradicación, teniendo como actores principales a los ganaderos y a las autoridades sanitarias, alcanzando unos niveles de sanidad animal encomiables, que ahora se ponen en grave riesgo y en entredicho con la publicación de esta resolución».
Este informe ha sido recogido por el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (Sivecal-Uscal) que urge a la Junta a modificar dicha resolución en la que se refleja la «laxitud y la flexibilidad» que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural «pretende imponer en el saneamiento ganadero en algunas provincias de Castilla y León, haciendo retroceder los buenos resultados obtenidos hasta la fecha y poniendo en peligro la mejora de la salud de las personas y de los animales en las provincias donde el censo y los movimientos comerciales son más importantes».
Los veterinarios critican las «políticas populistas contrarias al ordenamiento sanitario», por poner en grave riesgo los niveles de sanidad animal obtenidos hasta ahora en Castilla y León, no sin grandes esfuerzos económicos y personales por parte de los ganaderos que ahora están viendo peligrar el resultado de sus transacciones».
Sivecal ha asegurado que si la Consejería no modifica ese texto y atiende lo que le transmiten sus propios funcionarios denunciarán la situación ante la Inspección General de Servicios, el Ministerio de Sanidad y de Agricultura y la Comisión Europea, por tratarse de «irregularidades y erráticas prácticas sin precedentes en materia de Salud Pública, de la que forman parte indivisible la sanidad animal, la seguridad alimentaria y la salud medioambiental».
También la organización profesional agraria Alianza UPA-Coag ha lamentado el «retroceso» de Castilla y León en cuanto a prevalencia de la tuberculosis bovina, que con el incremento registrado en las provincias de Salamanca y Ávila se sitúa en el 2 % regional, superando los valores generales de los tres años anteriores.
No obstante, las provincias de Burgos, León y Valladolid están declaradas oficialmente libres de tuberculosis bovina, y Zamora y Soria están en condiciones de conseguir esta declaración próximamente. Por su parte, las provincias de Palencia y Segovia tienen una baja prevalencia, es decir, menor del 1 %.
Respecto a brucelosis, tanto bovina como ovina y caprina, se mantiene el estatus sanitario de libre a brucelosis conseguido en las especies ovina-caprina en el año 2013 y en la especie bovina en la totalidad del territorio de Castilla y León en el año 2020.