Diario de León

La Junta ultima la orden para pagar los daños del lobo

Suárez-Quiñones se reunirá antes con las organizaciones agrarias

Un mastín con parte del rebaño en Lago de Omaña. FERNANDO OTERO

Un mastín con parte del rebaño en Lago de Omaña. FERNANDO OTERO

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La Junta de Castilla y León ultima la orden autonómica que permitirá abonar los pagos compensatorios por los ataques del lobo a las ganaderías en toda la Comunidad Autónoma tras la inclusión de esa especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

Antes de la publicación de esa orden, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio del Gobierno regional, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mantendrá reuniones con las Organizaciones Profesionales Agrarias para escuchar sus reivindicaciones, según detalló el propio Suárez-Quiñones a los periodistas en Villamor de los Escuderos (Zamora).

El consejero de Medio Ambiente aseguró que la Consejería se sumará a las soluciones frente a los daños a la ganadería que planteen las organizaciones agrarias siempre que sean «lógicas y estén amparadas en la norma».

En las reuniones previas a la publicación de la orden, además de abordar el problema del lobo, la Consejería escuchará las reivindicaciones del sector agroganadero sobre otros ataques a las ganaderías como los sufridos por buitres.

Suárez-Quiñones se refirió además a preguntas de los periodistas a los requerimientos recibidos por la Junta de Castilla y León por parte del Gobierno de España.

A su juicio, esos requerimientos dejan claro que el presidente del Gobierno tiene «en el punto de mira a Castilla y León», pero no para destinar fondos a infraestructuras, carreteras y proyectos de inversión productiva sino para «atacar».

«Le pedimos que se centre y se fije en Castilla y León para el bien, no para atacar», señaló Suárez-Quiñones, que sostuvo que Pedro Sánchez trata a esta Comunidad Autónoma de forma «taxativa» y la ataca «injustamente» mientras que es «timorato y consiente ilegalidades» por parte de otros Gobiernos autonómicos que atacan la Constitución».

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