«Los datos actuales de crecimiento del sector agrario son espectaculares»

¿Tiene ya la consejería una percepción de en qué sale ganando y en qué perdiendo la comunidad con la reforma de la PAC?

—Eso es muy difícil. Es este momento todavía no podemos saber con exactitud cómo van a quedar los grandes conceptos sobre los que se va a aplicar la PAC. Sí hay una premisa fundamental que es para todos y es que ya tenemos un escenario cierto de aplicación de la PAC, con un acuerdo político. Sabemos que para el 2014-2020 el escenario está cerrado y se ha puesto fin a la incertidumbre. También sabemos que va a haber apoyo con un presupuesto del 39% aproximadamente del presupuesto comunitario que se eleva a 960.000 millones de euros y es una magnífica noticia porque ha habido momentos iniciales en toda la tramitación de la reforma en los que era muy incierto cuál iba a ser la dotación económica. Conocer en este momento los apartados o las consecuencias positivas más concretas para Castilla y León no es posible. Esta reforma da mucha flexibilidad a los estados miembros para cerrar apartados que ha dejado abiertos, como el modelo de la convergencia, la aplicación de las ayudas acopladas, la definición de la figura del agricultor activo..., apartados que van a determinar la cuantía económica que va a percibir Castilla y León. Mi primera defensa va a ser defender nuestros fondos económicos que para el anterior marco fue de 1.150 millones de euros anuales de media.

—Usted ha propuesto en el último Consejo Regional Agrario que las ayudas de la PAC vayan a los agricultores que coticen en la Seguridad Social. ¿Cómo cree que se valorará por el ministerio y por el resto de las comunidades?

—Esto supone llevar al terreno de los hechos lo que hemos dicho durante todo este tiempo, que queremos apoyar a ganaderos y agricultores profesionales. Se abre una magnífica oportunidad para definir qué es agricultor activo y que es una actividad agraria significativa. Vamos a pedir que se establezcan condiciones que aseguren que existe una actividad agraria de manera real. Entre ellas, la de cotizar a la seguridad social, pero también estar sometido a fiscalidad y obtener de manera importante como forma de vida las rentas de la actividad agraria. Eso no quiere decir que no pueda ser actividad agraria quien tenga asalariados, que no cotice pero sí sea perceptor de las ayudas. También hay que considerar la actividad al campo como una actividad empresarial. Ahora mismo no tengo ningún dato para saber cómo va a reaccionar el ministerio y el resto de comunidades. Tenemos conferencia sectorial los días 24 y 25 de julio y conoceremos la perceptividad del ministerio.

—¿Qué percepción le dejó la última reunión del consejo sobre de la valoración del sector acerca de la nueva PAC?

—En el anterior Consejo Regional Agrario le pedimos a las organizaciones agrarias que nos dieran su opinión sobre estos grandes apartados y les hemos trasladado un cuestionario. Mi impresión es que había mucha perceptividad y empatía sobre la posición de Castilla y León. Nosotros estudiaremos el cuestionario e intentaremos consensuar una postura de comunidad.

—Hace unas semanas, las juntas vecinales denunciaron la exclusión de 40.000 hectáreas de pastos de la PAC, que calificaron de «expolio». ¿Qué postura tiene la consejería?

—Todos los procedimientos de revisión de las declaraciones que hay para percibir ayudas de la PAC están sometidas al mismo criterio, trasladando a los propietarios y usuarios las modificaciones que se pueden encontrar con el sistema del Sigpac para verificar en el terreno lo que los titulares de la solicitudes dicen. En este proceso se da audiencia a todas las partes y se recogen las alegaciones y se vuelven a estudiar. En este caso concreto, efectivamente se les va a dar traslado y si hay algún error se revisaría. Somos muy rigurosos porque estos procesos están sujetos a auditorías de la UE y nosotros intentamos cumplir con la normativa pero sin generar perjuicios que no sean justificados.

—Como se refleja en los últimos datos económicos y de empleo, el sector agrícola está tirando de la economía autonómica. ¿No merecen estos resultados más esfuerzo para evitar que los recortes afecten el mundo rural y favorecer que se fije población?

—Tengo que discrepar sobre esto. Estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener los servicios esenciales en la comunidad autónoma. Si hay algo por lo que Castilla y León se caracteriza es porque la dificultad y la dispersión geográfica nos obliga a asumir un coste mayor en la prestación de los servicios públicos y recientemente el presidente en el debate del Estado de la Comunidad describía como la dotación de servicios sanitarios, educativos, prestaciones sociales era abrumadoramente más alta en el medio rural que en las ciudades, en las ratios de médicos, de profesores, por encima de la media nacional. Hacemos un gran esfuerzo y se tienen que compatibilizar esos servicios públicos esenciales sociales con la creación de empleo porque sino tampoco tendría sentido. La creación de empleo en el sector agrario es una evidencia. Los últimos datos de contabilidad económica de la Consejería de Hacienda hemos visto que es el único sector que crece, un 4,5% en el primer trimestre del año, lo que demuestra que es un sector que cobra en la crisis todo su protagonismo, que no tenía en los últimos años. El sector agrario y la industria agroalimentaria están demostrando que son capaces de aguantar la crisis y fortalecerse con inversiones en innovación, modernización en el campo y la agroalimentación.

—Pese a los esfuerzos, las movilizaciones son constantes y una evidencia en la calle. Su consejería se peleará todos los días con otros departamentos y el ministerio para salir adelante...

—Sí. Pero estamos adaptando el coste de nuestros servicios a nuestras capacidades y que sean sostenibles. Que la posibilidad de tener la atención médica necesaria se haga con los costes que nos permiten desde la Comunidad asumir esta gestión. Por supuesto que desde la consejería defendemos que el medio rural tenga los servicios necesarios para que el empleo que se crea se mantenga. Soy la primera defensora de todo aquello que hace que sea posible mantener una actividad agraria. Sin todo lo demás la actividad económica no resistiría. Los datos de crecimiento actual son espectaculares en esta comunidad y eso es porque hay una capacidad de atracción a todo lo que tiene que ver con una economía vinculada al territorio. Todos queremos que la satisfacción de nuestras necesidades sea mucho mayor que lo que las administraciones nos pueden planificar.

—Aún así, la percepción sigue siendo que la población rural es la gran pagana de la crisis...

—Sinceramente creo que no. En estos momentos los niveles de calidad de vida en las ciudades están mucho más en riesgo por personas desprotegidas por la pérdida de la vivienda y el empleo, en el medio rural no está sucediendo. No hay una situación crítica en estos bienes esenciales. En este momento, las personas que viven en el medio rural tienen unas posibilidades de bienestar y de cobertura de sus necesidades básicas mucho más elevadas que en las ciudades. Además, lo compruebo cuando visito los pueblos, la gente satisface con más posibilidades sus necesidades básicas que en las ciudades. Porque tienen huerto, una vivienda pagada... y esa es la diferencia en la realidad más cruda por la crisis, cuando las personas son más vulnerables en las ciudades que en los pueblos.

—La consejería ha impulsado medidas para fomentar el relevo generacional en el campo, que se ha visto respaldado ahora también por la reforma. ¿Las medidas funcionan o está costando trabajo?

—En Castilla y León está funcionando, aunque el relevo tiene que ser mayor en Europa, en España y en Castilla y León. Hay una tasa de envejecimiento del capital humano de este sector muy elevada, con un porcentaje muy alto de personas mayores de 55 años dedicadas al campo. En Castilla y León, con las posibilidades que han brindado el apoyo de la UE, de los fondos del Estado y de la comunidad autónoma, hemos desarrollado la labor más exitosa porque en los últimos cinco años se han incorporado más de 3.300 jóvenes, el 25% de los que se han incorporado en nuestro país. Hemos estado muy atentos a establecer unas condiciones que dieran más acceso. Hemos permitido que fueran inicialmente actividades parciales para que se fueran incorporando progresivamente, con fórmulas para que fuera más asequible para los jóvenes. Pero es algo que hay que mejorar por eso creo que es una magnífica noticia de la reforma de la PAC. Por primera vez un 2% de la ficha financiera de España, con carácter obligatorio, se dedicará a apoyar la incorporación de jóvenes. Nosotros vamos a proponer que no se limite a la superficie de 25 hectáreas y que se llegue a las 90 para que puedan recibir el mayor apoyo económico posible. La realidad es que se duplican las ayudas, pasan de 95 millones de euros del desarrollo rural a 100 millones más de la PAC, unas ayudas que Castilla y León quiere aprovechar al máximo. Pero no creo que sea suficiente, creo que se tiene que acompañar con medidas de Estado y de Comunidad Autónoma para favorecer la creación de organizaciones asociativas de jóvenes, medidas fiscales, acceso prioritario a tierras que estén disponibles... Hay que hacer todo lo posible y más para que haya más jóvenes en el campo.

—¿Está estancada la negociación del conflicto con el ministerio por las ayudas al desarrollo rural?

—No mantenemos ningún conflicto. Pedimos lo que corresponde a los ganaderos y agricultores de Castilla y León y eso no debe generar conflicto. Cuando uno pide lo que le corresponde, sólo estás pidiendo lo tuyo. Siempre hemos tenido un buen funcionamiento en los últimos seis años y las transferencias han llegado regularmente. Las dificultades empiezan este año, en el momento en que a nuestras peticiones de fondos se le ponen condiciones y limitaciones que no se pueden poner. En abril no se envían las transferencias y se ponen condiciones relacionadas con un porcentaje de transferencia que el ministerio fijó en un 40%. Tenemos el dinero de Castilla y León disponible pero ahora mismo están bloqueados los pagos porque no llega el del Estado y Europa exige que esté toda la financiación. En León están paralizados pagos por 11 millones de euros que están listos para pagar y sólo pedimos al ministerio que realice la transferencia. Se ampara en que ha puesto una limitación y hasta que no tenga más recursos económicos disponibles no liberará fondos. No hay plazos.

—Los Grupos de Acción Local reclaman el pago de ayudas pendientes por parte de la Consejería. Algunos incluso han tenido que suprimir programas turísticos este verano.

—Están en el mismo paquete que los pagos del programa de desarrollo rural. Dependen de la misma circunstancia, de las transferencia que en este momento el ministerio tiene paralizadas. Ahora está pendiente el pago de 311.490 euros a los seis grupos de acción local que a su vez tienen que pagar a los promotores. También estamos realizando un control sobre una solicitud de pago por 1.083.000 euros, que está pendiente de ser validada. Una solución que tenemos pendiente es la posibilidad de mantener algún acuerdo con entidades financieras que permitan adelantar los pagos.

—¿Tiene la consejería una postura definida sobre la polémica que ha generado la intención de CHD de construir dos presas del Órbigo?

—No conozco los proyectos concretos porque nosotros participamos en la aprobación del Plan Hidrológico de la Cuenca y ahí históricamente está prevista la regulación del Órbigo que aseguraría el desarrollo del plan de regadíos proveniente de Riaño. Es una pieza básica para hacer el plan completo. Los proyectos de manera específica y técnica no han llegado a la consejería. Habrá que someterlos a impacto ambiental y tendrá un trámite largo, pero no tengo conocimiento para valorarlo.

—Hablando de presas, son casi ya 20 años desde la ejecución de Villagatón, que sigue vacío. CHD tiene previsto su puesta en funcionamiento para el próximo año, asumiendo la titularidad, que ahora es de la Junta...

—Sí, es un proceso muy complejo porque para poder utilizar la presa en este momento ha habido renuncias de comunidades anteriores; es necesario cambiar la concesión del agua, que la Confederación asuma la titularidad y hemos puesto a disposición de CHD todo lo que sea necesario para que la presa entre en funcionamiento. Nos hemos reunido para facilitar al máximo la tramitación y en este momento está en manos de la Confederación. Estoy deseando que esta presa empiece a facilitar el riego.

—Las juntas vecinales de Babia denuncian el conflicto competencial con el Ayuntamiento de Mieres en el Puerto de Pinos al que acusan de ejercer competencias impropias fomentando la ganadería asturiana. ¿Qué postura tiene la Junta?

—Aquí el Ayuntamiento de San Emiliano tiene que ejercer sus competencias para dictar una ordenanza de hierbas, pastos y rastrojeras. El Procurador del Común ya se pronunció para decir que el Ayuntamiento de Mieres no puede ejercer competencias fuera de su término municipal pero si le dejan... pues las ejerce. Para no dejarle hay que dictar una ordenanza que regule el aprovechamiento y el Ayuntamiento de Mieres sólo será un propietario más. Les hemos ofrecido ayuda para elaborar la ordenanza pero en la gestión no podemos ejercer competencias, sí ofrecer todo el apoyo técnico posible para que se regule.

—¿Cómo ve el futuro de las cámaras agrarias?

—Tienen que autofinanciarse. Es un órgano al servicio de las organizaciones profesionales agrarias y hemos modificado la normativa para que puedan prestar servicios y puedan cobrar por los servicios que presten. También les hemos facilitado personal, tres funcionarios para prestar los servicios pero a partir de ahí tienen que tener un plan de viabilidad y autofinanciarse. Algunas lo han puesto en marcha para adaptarse a este nuevo modelo. Y eso depende de la capacidad de gestión que cada organización agraria pueda poner en marcha.

—¿Y si no llegan?

—Hay que llegar. Si no llegan no pueden seguir funcionando. La administración pública no puede prestar los servicios dos veces. Estamos en un momento en que los servicios públicos tienen que ser eficientes y prestarse con el menor coste posible. Desde los servicios territoriales de Agricultura y los servicios centrales prestamos todos los servicios que se necesitan. Las cámaras agrarias tienen que prestar servicios diferentes que pueden garantizar sus ingresos y justificar su existencia.

—Hablando de duplicidades, los funcionarios del Servicio Territorial de Agricultura de León critican que sus funciones han sido desviadas al Itacyl. ¿Es así?

—No, en absoluto. Hemos hecho un esfuerzo de racionalización del funcionamiento de toda la administración, en el seno de los empleados públicos que dependen de la Junta y en los organismos de todo tipo. El Itacyl es un ente público que está sujeto al derecho privado y en ambos casos estamos aprovechando al máximo los costes de mantenimiento y de funcionamiento. De hecho, eso ha determinado que hallamos trasladado a los trabajadores del instituto a dependencias de las delegaciones territoriales y su trabajo está justificado porque es el que no puede realizar y no realiza la administración pública. Desarrollan proyectos de investigación, de calidad alimentaria y de modernización de regadíos, proyectos a los que por la complejidad o por la necesidad de aplicar métodos más rápidos en los procedimientos administrativos dan una solución que no pueden darse desde la administración pública. Hay una compatibilidad y una complementación de ambos servicios con una reducción de costes en todos los casos. ¿Qué necesitamos tener una mayor carga de trabajo en la administración pública? Pues por eso vamos a poner en marcha ADE Rural, una herramienta para apoyar nuevos emprendedores en el medio rural, que va a determinar que empleados públicos tengan trabajo en otros ámbitos de apoyo a los ciudadanos y de la iniciativa privada. Es un acuerdo de trabajo entre la Consejería de Economía y la Consejería de Agricultura para poner recursos que ahora no están aprovechados al servicio de otras necesidades.

—¿Cómo avanza el desarrollo de los regadíos?

—En el periodo 2007-2015 hemos llegado en León a 27.500 hectáreas, prácticamente la mitad de lo que hemos hecho en Castilla y León en este periodo. Tenemos previsto contratar antes de que finalice 2013 inversiones por casi 26 millones de euros, en el momento en que cerremos los convenios con Seiasa, que en este momento nos urge y confío que se firmen de manera inminente. Hablamos de modernizaciones en el Páramo Bajo, en el Canal del Páramo y en el Canal Alto del Bierzo que va a empezar ya porque ha superado el trámite ambiental hace 15 días. Es un ejemplo de lo que significa un trabajo compartido entre la administración pública y la administración institucional y más aquí en León.

—El cultivo de la remolacha ha sufrido una importante caída en León esta campaña, algo que ya habían alertado las organizaciones agrarias tras la retirada de la ayuda de la Junta.

—La remolacha la tienen que pagar las industrias, porque en los últimos dos años se ha duplicado el precio del azúcar sobre la estimación de la OCM y les están dando importantes beneficios. Lo que no puede ser es que sean los caudales públicos los que financien a las azucareras para que incrementen sus beneficios. Hace un año decidimos recortar el gasto público y se podía dejar de pagar el cultivo de la remolacha. Nos sentamos con la industria para que fueran ellos los que mejoraran la oferta de precios a los cultivadores. No se llevó a la práctica y avisamos a la industria de que iban a caer las hectáreas. Hay cultivos con mejores precios y más disponibilidad de agua y los agricultores eligen la máxima rentabilidad. Es quien actúa en el mercado quien tiene que darle una mejor oportunidad al agricultor. Si no se la ofrece, el agricultor elige otra opción. Eso es lo que nos trae una merma importante de las hectáreas sembradas, que ha caído un 16%. Esta situación debe hacer reflexionar a la industria que compra la materia prima. La construcción de regadíos la ha abordado la comunidad autónoma con dinero propio y europeo para que este cultivo vaya a más. Por eso, en León desde 2010, con los nuevos regadíos, se mantienen las hectáreas mientras que otras provincias han sufrido bajadas muy importantes. La productividad ha pasado de 82 toneladas por hectárea en el 2006 a 105 toneladas por hectárea en el 2013, que aún es un dato provisional. Los agricultores han sido cada vez más competitivos y tiene que tener su correspondencia en el pago de la materia prima, algo que tiene que asumir la industria no la administración pública porque con el dinero de todos no podemos contribuir a que una empresa mejore sus resultados económicos.

—¿Y si la caída del cultivo pone en peligro la fábrica de La Bañeza?

—Es responsabilidad de la empresa mantener su patrimonio y sus inversiones en la zona.