Mario Rivas niega el acceso a la información del desmantelamiento industrial de la MSP

El alcalde de Villablino, Mario Rivas, ha hecho oídos sordos a la resolución del Comisionado de la Transparencia (antiguo Procurador del Común) que el año pasado le reclamó que cumpliera con la petición de información de un concejal del Ayuntamiento. El edil reclamó en 2019 mediante un escrito presentado el 27 de marzo datos acerca de la ejecución de las actuaciones urbanísticas de desmantelamiento en las instalaciones industriales y mineras de Coto Minero Cantábrico desde el comienzo de su liquidación. En la reivindicación, solicitaba los permisos con que las obras se ejecutaban, la fecha de solicitud de los mismos, la de concesión, los proyectos con los que contaban, las tasas municipales e impuestos así como la fecha de abono de las mismas, las acciones de inspección o sancionadoras que se hubieran podido llevar a cabo por parte del Ayuntamiento en las distintas instalaciones industriales y mineras existentes en el municipio, etc.

Entre ellas, el concejal reclamaba datos acerca del lavadero de Carbón de Villablino, Grupo Minero Carrasconte, Braña de San Miguel, Estación de Ferrocarril de Villablino, Nave de Talleres, instalaciones de Las Rozas y la acumulación de grandes cantidades de carbón en alguna de ellas, en especial, el Lavadero de Carbón de Villablino.

El edil justificó entonces su reclamación en las declaraciones de Mario Rivas según las cuales el Ayuntamiento tendría la intención de adquirir la central térmica, por lo que se pedía si finalmente había sido adquirido y, en tal caso la documentación acreditativa de la compra. Sin embargo, nunca recibió respuesta.

Casi un año después, sin respuesta

El Procurador del Común, con fecha 25 de julio de 2021, publicó una resolución que instaba al Ayuntamiento a facilitar al reclamante copia de la documentación que pudiera existir sobre la ejecución y desmantelamiento y para la acumulación de carbón en las instalaciones industriales y mineras a las que se refería la petición del edil. Además, dictaba que se comunicara el dato relativo a la situación legal de la instalación y la documentación que pudiera existir acerca de la adquisición por parte del Ayuntamiento de la antigua central térmica de Villablino.

Un año después de la resolución, el Ayuntamiento aún no ha trasladado la información al concejal, motivo por el que el Comisionado de Transparencia ha reiterado su resolución en dos ocasiones más, la última hace dos meses. A preguntas de DIARIO DE LEÓN, Mario Rivas ha asegurado que el Ayuntamiento tramita en estos momentos dicha documentación, si bien no ha contestado cuándo le llegará al concejal.

El alcalde de Villablino es propietario de al menos tres fincas en San Miguel que fueron subastadas en la liquidación de CMC. Estas tres parcelas forman parte, entre otras, del convenio firmado por la Comisión Vecinal de San Miguel que fue delegada por el entonces alcalde del PSOE, Pedro Fernández, el 18 de mayo de 1995. En este acuerdo, que según fuentes jurídicas consultadas tiene toda la validez legal, la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), a través de su director delegado, Luis Tejuca, se comprometió a «donar a la Comunidad de Vecinos citada las fincas adquiridas como consecuencia de este convenio o que pueda adquirir la MSP a particulares o personas jurídicas y ubicadas en el término de San Miguel en un plazo de seis meses a partir de la finalización de la explotación (del Feixolín)».

Es el caso de las tres fincas que Rivas tiene a su nombre en el Catastro, que la MSP a través del vecino de Laciana José Fernández Castro, adquirió entre los años 1995 y 1996 a los siguientes vecinos: Celia Otero, Florentina Barrero y Aurelio Arias García. Pese a que el alcalde figura como titular de dichos terrenos en el Catastro, no ocurre así en el Registro de la Propiedad, donde están a nombre de Herederos de Domingo Rubio (306), Coto Minero Cantábrico (298) y Fermín Álvarez Rubio (301).

Los expertos jurídicos a los que ha tenido acceso Diario de León aseguran que el Catastro no da título de propiedad, algo que sólo se confirma «con el contrato y el registro de la propiedad». Asimismo, manifiestan que el contrato firmado entre MSP y la Comisión de Vecinos de San Miguel es legal. De hecho, el propio informe jurídico presentado por Mario Rivas durante el Pleno celebrado el pasado 7 de febrero para dar cobertura a sus adquisiciones recoge que el acuerdo entre MSP y la Comisión Vecinal fue ratificado por un acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Villablino de 1998.

Mario Rivas habría comprado estas fincas durante su mandato como alcalde y para la adquisición no pidió informe jurídico alguno, puesto que el que presentó en el pleno citado tiene fecha de 28 de enero de 2022, apenas unos días antes de la celebración de la sesión plenaria, en la que Rivas ya sabía que los miembros de la oposición le pedirían explicaciones sobre la liquidación de CMC.