El Procurador pide a las diputaciones frenar la exclusión financiera rural
Abre una actuación de oficio para facilitar el acceso a los servicios bancarios a toda la población
El Procurador del Común en Castilla y León ha pedido a las diputaciones provinciales que se coordinen para frenar la exclusión financiera en el medio rural ante el masivo cierre de oficinas bancarias en esta comunidad autónoma.
El Procurador del Común ha explicado que inició una actuación de oficio al ser conocedor de la incapacidad o dificultad que tiene parte de la ciudadanía para acceder a los servicios y productos financieros en el mercado, con el fin de satisfacer sus necesidades y mantener una vida socialmente normalizada.
«Este tipo de exclusión financiera constituye una preocupación creciente, especialmente en el ámbito rural, donde es una realidad la progresiva eliminación de las oficinas de las entidades bancarias y sus cajeros en muchas localidades de nuestra Comunidad e, igualmente, la paulatina supresión de los servicios con los que se pretendía suplir las consecuencias del cierre de esas oficinas», ha explicado.
Ante esta realidad, el defensor del pueblo autonómico se ha dirigido a las diputaciones provinciales de la Comunidad para pedir información sobre las iniciativas que han llevado y están llevando a cabo para que los ciudadanos afectados por la carencia de servicios bancarios cuenten con alternativas que cubran sus necesidades.
Una vez obtenida dicha información, el Procurador del Común ha podido comprobar que todas las diputaciones han iniciado o puesto en marcha medidas para hacer frente a la problemática señalada; tales como promover que los ayuntamientos aporten edificios de su titularidad en los que puedan instalarse cajeros o incluso personal de entidades colaboradoras con las que se pueda contar o licitar cajeros móviles.
En otros casos se ha planteado el aprovechamiento en algún caso del servicio del Bibliobús para cubrir, junto con el servicio cultural, otro tipo de servicios financieros; colaborar con Correos para la instalación de cajeros e implementar los servicios disponibles en los puntos de atención que tiene la empresa pública en pequeñas poblaciones, y para cubrir necesidades como la de obtener dinero y pagar tributos a través de los carteros rurales.
En todo caso, tras ser valorada la información proporcionada por las diputaciones, el Procurador del Común ha podido comprobar que estas administraciones están adoptando medidas de forma aislada, sin compartir las experiencias obtenidas por cada una de ellas en lo relativo a sus iniciativas.
«De esta manera no se aprovecha la mayor eficacia de actuaciones que, desarrolladas de forma conjunta, podrían permitir en mayor medida cubrir las necesidades de los ciudadanos afectados por la exclusión financiera», ha expuesto la Defensoría.
Por ello, el Procurador del Común, a través de la correspondiente Resolución, ha pedido a las nueve diputaciones provinciales de la Comunidad que fijen un espacio de encuentro que les permita poner en común las medidas desarrolladas por cada una de ellas para hacer frente a la carencia de servicios financieros en las zonas menos habitadas.
El objetivo es compartir y valorar las experiencias obtenidas en cuanto a la mayor eficacia de unas u otras medidas y sus ventajas e inconvenientes.