Diario de León

Victorino Alonso pretende dilatar su entrada en prisión con un incidente de nulidad al Supremo

- Su defensa alega la vulneración de sus derechos fundamentales en la sentencia de Nueva Julia

Victorino Alonso sale de la Audiencia Provincial en una imagen de archivo. RAMIRO

Victorino Alonso sale de la Audiencia Provincial en una imagen de archivo. RAMIRO

León

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La defensa de Victorino Alonso ha presentado un incidente de nulidad por vulneración de derechos fundamentales contra la sentencia emitida el pasado mes de mayo por el Tribunal Supremo en la que se condena al empresario minero a cuatro años de prisión y el pago de 25 millones de euros por los daños medioambientales causados por la explotación de la mina de carbón a cielo abierto Nueva Julia , entre los términos municipales de Cabrillanes y Villablino.

Se trata de un escrito con el que los abogados del empresario buscan la nulidad de las actuaciones después de que la resolución dictada haya puesto fin al procedimiento, que ya no es susceptible de recurso. Este incidente ya ha sido remitido a los cinco magistrados del Supremo, los mismos que dictaron la sentencia que ahora se cuestiona con este escrito, que deberán decidir si lo admite o no en un plazo aproximado de 15 ó 20 días.

Esta nueva maniobra judicial se conoce un día después de que el Supremo diera a conocer otra sentencia firme contra el empresario, esta vez por los delitos medioambientales causados en el Feixolín , por el que condena a Alonso a un año y diez meses de prisión.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico afirman que son muy pocos los incidentes de nulidad que salen adelante, ya que solo se admiten aquellos en los que se hayan lesionado los derechos fundamentales de la persona enjuiciada y que a través de los recursos ordinarios o extraordinarios previstos por la ley no hayan podido denunciarse antes.

«Ganar tiempo»

Estas mismas fuentes consideran que con este incidente de nulidad la defensa «trata de ganar tiempo» para un posible recurso de amparo al Constitucional, que sería el siguiente resquicio legal que le queda al empresario minero que podría alargar este procedimiento, ya que solo el 1% de los recursos de amparo son admitidos.

A pesar de este incidente de nulidad, la Audiencia Provincial de León, a la que se le devolvió la causa después de que el Supremo rechazara el recurso de casación impuesto por el empresario,  podría dictar ya medidas cautelares, como su entrada en prisión —no hay que olvidar que ya tiene dos sentencias condenatorias firmes— la retirada del pasaporte, para evitar una posible fuga ya que su presencia en los Papeles de Panamá indica que tiene recursos económicos sufientes, o el pago de parte de la responsabilidad civil.

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