La Ley de Dependencia, en estado de alarma por retrasos y falta de ayudas

El Observatorio de la Dependencia muestra que uno de cada cinco beneficiarios no recibe prestaciones, también revela que cerca de 200.000 de los 924.000 españoles valorados como dependientes se ven privados de la atención que requieren.

Esa es una de las conclusiones más destacadas del primer informe del Observatorio de la Dependencia de España, integrado por patronales y sindicatos, que se presentó este miércoles y que arroja un panorama alarmante.

Retrasos en la evaluación y en la concesión de las prestaciones, carencia de personal con la cualificación necesaria y una deficiente financiación que repercute en los más necesitados en momentos en los que la pirámide poblacional se ha invertido y en la que, según se encargaron de recordar los firmantes del VI Convenio Estatal de la Dependencia, quienes ahora nacen cuentan con una esperanza de vida cada vez mayor, por lo que es de prever que el porcentaje de población que precisará de estos cuidados no hará sino aumentar en el futuro, son algunos de los factores que ponen en «grave riesgo» la viabilidad del Sistema de Atención a la Dependencia.

El plazo medio de resolución de las demandas de ayuda a la asciende a 210 días, aunque en Andalucía, Extremadura y la Comunidad Valenciana se eleva a más de 300. Por su parte, Canarias, Murcia, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha o Galicia se sitúan también entre la que más retrasan la concesión de las prestaciones a los dependientes, mientras que Asturias no aportó los datos requeridos al Tribunal de Cuentas, por lo que este organismo la incluye también entre las más remisas a dar las ayudas.

Según se desprende del informe, algunas comunidades autónomas retrasan el reconocimiento de la prestación a que tiene derecho el dependiente hasta que no disponen de la financiación suficiente para hacerla efectiva.

Así, mientras el Estado aporta casi el 50% del presupuesto invertido en dependencia y cerca de otro 20% procede del copago de los ciudadanos, las comunidades asumen «escasamente» el 30% del dinero invertido, según ha subrayado José Alberto Echevarría, presidente de la Federación de Empresarial de la Dependencia. Un dato que los autores del informe facilitan pese al «oscurantismo» de las autonomías en este sentido. Pero los retrasos en la concesión de las ayudas no son el único lastre que arrastra la aplicación de la Ley de la Dependencia. Además, se ha constatado una reducción paulatina de las personas ocupadas en estos quehaceres y, si en 2010 eran un total de 184.000, para alcanzar un pico de 218.000 dos años después, en los primeros meses de 2014 el número ha bajado hasta 178.000. Es decir, en apenas dos años se han reducido en 40.000 los puestos de trabajo, al tiempo que 55.000 plazas residenciales permanecen vacías y se han cerrado cerca de 400 residencias por problemas económicos.