Diario de León

Universidad de León

«La represión económica del franquismo también fue violenta»

Ana Cristina Rodríguez analiza las incautaciones a los exiliados en el curso de la ULE en Valencia de Don Juan El caso del concejal de León Coque, paradigmático

Javier Rodríguez, director del curso, y Susana Sueiro, ayer en Valencia de Don Juan. DL

Javier Rodríguez, director del curso, y Susana Sueiro, ayer en Valencia de Don Juan. DL

León

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La represión del franquismo tuvo muchas dimensiones. Desde los juicios sumarísimos con ejecuciones o penas de cárcel hasta los paseos con asesinatos a plena luz del día o en la oscuridad de la noche, el arrebato de los derechos de las mujeres y las vejaciones a que fueron sometidas... También hubo una represión económica.

Ana Cristina Rodríguez Guerra, doctoranda del área de Historia Contemporánea de la Universidad de León, abordó ayer en el curso de verano de la ULE Migraciones y exilios en la primera mitad del siglo XX, que se celebra en Valencia de Don Juan, las incautaciones de bienes a las personas que sufrieron exilio.

Las expropiaciones, incautaciones, confiscaciones, requisas, multas, contribuciones forzosas, suscripciones patrióticas, etc. fueron «de gran utilidad para el franquismo a la hora de proporcionar recursos, así como por su valor como arma de disuasión e intimidación», señaló

Un caso emblemático en León es el del concejal republicano Luis Álvarez Coque, compañero de corporación del alcalde Miguel Castaño, ejecutado en Puente Castro junto a otros cargos públicos. Coque logró huir a Francia. El 15 de marzo de 1937 se inició el expediente de incautación de sus bienes: una fábrica de mármoles con su nave en una amplia finca colindante al cementerio de León y también una vivienda ubicada en la calle Mariano Andrés, en las denominadas casas baratas.

El expediente da la orden que la familia sea «arrojada» de la vivienda, que fue sorteada entre personas afines al régimen. «La represión económica del franquismo también fue violenta, aunque fuera simbólica», afirmó la investigadora. La ley de Memoria Democrática, que acaba de entrar en el Parlamento para su tramitación, prevé que «se implementarán las posibles vías de reconocimiento a los afectados, sin perjuicio de lo previsto a este respecto en el artículo 5.4 de la presente ley», que no contempla responsabilidad patrimonial del Estado ni de particulares para posibles indeminizaciones.

El curso de verano, que dirige el profesor de Historia Contemporánea de la ULE, Javier Rodríguez, prosigue hoy y mañana con aportaciones internacionales desde México y Argentina y la clausura a cargo del director.

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