Álvarez estudiará enviar a la Guardia Civil para cerrar el lavadero de Uminsa
El secretario municipal de Fabero redactaba ayer el texto de la moción aprobada por el Pleno para que la Subdelegación del Gobierno en León ejecute el precinto
El lavadero de Uminsa continuaba ayer abierto, veintitrés días después de su precintado.
El subdelegado del Gobierno en León, Francisco Álvarez, anunció ayer que estudiará la petición del Ayuntamiento de Fabero para obligar a Uminsa a cerrar su lavadero de Fabero, que funciona desde hace tres semanas desafiando el precinto municipal. «Siempre que una administración se dirige a nosotros para pedir auxilio de las fuerzas públicas, estudiamos y ponemos a disposición o no, depende del caso, a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. Si tuviéramos una solicitud de intervención de la fuerza pública para un acto, lo estudiaríamos y decidiríamos. Hasta ahora no ha habido ninguna petición», afirmó Álvarez en León.
Agentes de la Guardia Civil ya acompañaron a los funcionarios municipales que el pasado 1 de febrero precintaron el lavadero Alicia, de la empresa del grupo de Victorino Alonso. La empresa, sin embargo, ha hecho caso omiso del cierre, decretado por carecer de licencia municipal, y ha seguido trabajando en las instalaciones sin legalizar.
La tensión generada en Fabero en torno a la situación del lavadero llevó el lunes al alcalde, el socialista Demetrio Alfonso Canedo, a celebrar un pleno para aprobar una moción instando a la Subdelegación del Gobierno en León a que materialice el precinto. Canedo aseguró que en 48 horas, la Subdelegación dispondría de la petición formal que la oposición municipal se negó a apoyar.
Durante la jornada de ayer, el secretario municipal procedía a redactar el acuerdo plenario en el que se requiere al subdelegado la actuación de la fuerza pública para que hacer efectiva la orden de paralización de toda actividad en el lavadero Alicia. El acuerdo será remitido a la Subdelegación del Gobierno tras ser firmado por el alcalde por la tarde ya que se pasó la mañana en el Palacio de los Guzmanes.
Canedo había decidido precintar el lavadero sin licencia municipal y sin licencia ambiental de la Junta de Castilla y León, unos días antes de acudir a un juzgado de Ponferrada para responder a la denuncia por supuesta prevaricación presentada por Izquierda Unida, que le acusa de haber consentido la instalación en los últimos años. IU, sin embargo, votó en contra de la moción en el pleno del pasado lunes insistiendo en que su denuncia va contra el alcalde y no pretende poner en peligro el empleo en el lavadero.