El PSOE exigirá responsabilidades políticas si multan al alcalde de Fabero
Cerezales acataría el derribo del garaje y la piscina construidos sin licencia
El garaje y bodega construido sin licencia junto a la vivienda, autorizada, de Cerezales.
«Si es sancionado, tendrá que asumir responsabilidades políticas por ello», advirtió ayer el ex alcalde socialista de Fabero, Demetrio Alfonso Canedo, un día después de que su sucesor en el cargo, el popular José Ramón Cerezales, adelantara su disposición a acatar cualquier multa que el imponga el Ayuntamiento por construir un garaje y una piscina sin licencia, incluso el derribo de las dos construcciones. El grupo socialista recordó a través de Canedo que Cerezales ocupa «un cargo político» y «tiene que dar ejemplo». De forma que si finalmente se le considera responsable de haber cometido una infracción urbanística grave, «debería actuar en consecuencia», afirmó Canedo, que prefirió no adelantar si el PSOE exigirá entonces la dimisión del regidor.
Canedo recordó que el arquitecto municipal ya ha informado que lo construido en una unidad de ejecución urbanística sin desarrollar «no es legalizable» y volvió a insistir en que Cerezales ha tenido olvidado el expediente de infracción urbanística durante un mes y medio, sin preocuparse en nombrar otro instructor tras la salida del equipo de gobierno del anterior concejal de Urbanismo, Francisco Robles, quién finalmente optó el pasado día 20 por presentar formalmente su renuncia en un intento de que el expediente avanzara.
Canedo lamentó que los socialistas haya tenido que tenido que responder a las preguntas de a este periódico sobre la infracción porque el alcalde todavía no ha convocado ninguna comisión informativa desde que está en el cargo.
El alcalde de Fabero podría ser sancionado con una multa de entre 6.000 y 300.000 euros, además de la demolición de lo construido junto a la vivienda para la que sí obtuvo en el 2008 la correspondiente licencia municipal.
El alcalde ha presentado, sin embargo, alegaciones al expediente para solicitar que no se le obligue a derribar lo construido -valorado en 42.000 euros por el arquitecto municipal- en tanto no se desarrolle la unidad de ejecución urbanística. Y Cerezales, que se siente víctima de «una represalia política» entiende que el desarrollo de la unidad urbanística, entre las medianas de una manzana de viviendas «es imposible».