La operación contra Martínez Núñez inmoviliza 400 inmuebles y 80 vehículos

La operación Caballo de Troya contra el blanqueo de capitales, que ha colocado en su epicentro al grupo berciano Martínez Núñez en conexión con el liquidador valenciano Ángel De Cabo como comprador de la constructora Teconsa y su división hotelera, no sólo ha interceptado importantes cantidades de dinero en los 17 registros realizados en diversos puntos de España la semana pasada. En el marco de la investigación por delitos fiscales e insolvencia punible desarrollada por agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria se han bloqueado ya más de 400 inmuebles y 80 vehículos de diversos modelos y gamas.

Fuentes de la Dirección General de la Policía confirmaron ayer que la investigación, en el curso de la cual fueron detenidos los primogénitos del empresario José Martínez, José Luis y Maribel Martínez Parra junto a otras 13 personas, sigue abierta. Pero lo que ya ha puesto al descubierto es un amplio entramado para la adquisición de empresas con problemas económicos a precios muy bajos para posteriormente descapitalizar sus activos y evitar así que pudieran ser empleados para pagar a sus acreedores.

Aunque el mayor número de registros se realizó el las oficinas del grupo Martínez Núñez en Ponferrada y también en Madrid, la Dirección General de Policía sitúa la sede del entramado en Valencia, desde donde operaba Ángel de Cabo, ahora en prisión por la operación Crucero para la descapitalización de Viajes Marsans.

Las mismas fuentes corroboraron que el foco de la investigación se originó al detectarse por parte de los agentes encargados del caso la venta de un hotel de lujo en Santiago de Compostela por dos euros. Se trata del Gran Hotel de Santiago, de cuatro estrellas, y uno de los tres que el grupo Martínez poseía en Galicia y que fueron vendidos a De Cabo. «Fue la alerta para centrar sus investigaciones en las actividades de un grupo de individuos organizados, jerarquizados y estable desde hace años, que se dedicaba a la compra de empresas con importantes problemas económicos», precisaron los responsables de la operación Caballo de Troya.

Estos individuos, entre los que figuran buena parte de los 15 detenidos inicialmente tras los registros de la semana pasada, adquirían las sociedades mercantiles sin realizar desembolso o contraprestación alguna o siendo ésta mínima. En apariencia, el argumento financiero era el de establecer un plan de viabilidad que permitiera reconducir la situación de viabilidad económica de las empresas.

Tras adquirir las compañías implicadas, sus nuevos propietarios solicitaban el concurso de acreedores, comprobándose que los nuevos administradores, en connivencia con los antiguos, adoptaban decisiones tendentes a evitar la responsabilidad económica mediante la descapitalización de activos de la empresa. «De este modo evitaban que los mismos pudieran ser utilizados para satisfacer las deudas contraídas con los acreedores», explicaron fuentes de la investigación. La organización tenía su núcleo principal en Valencia, aunque operaba a través de numerosos registros mercantiles de diferentes partes del país. Sus actividades tenían como objetivo último la obtención de elevados beneficios económicos.

Al margen de los hijos de José Martínez Núñez, los únicos imputados que están en libertad pero bajo sendas fianzas de un millón de euros so pena de ingresar en prisión, lo cierto es que los investigadores apuntan directamente a Ángel De Cabo como «principal responsable» del entramado. Sin citar directamente al liquidador de Teconsa y de Marsans, la Polícía sí revela que el cabecilla se halla ya en prisión por «hechos semejantes».

Hasta un revólver

Eludiendo su nombre, aseguran, Angel de Cabo: «Manejaba la información e impartía instrucciones, figurando como administrador, apoderado o socio de numerosas sociedades mercantiles que conforman el entramado empresarial de esta organización».

En los 17 registros ordenados desde el Juzgado número 2 de Santiago de Compostela, de los que siete se realizaron en Ponferrada en las oficinas y plantas del Martínez Núñez así como en la sucursal principal del Banco de Santander, se intervinieron 440.000 euros. Tanto en efectivo como en cheques y pagarés. Lo mismo que gran cantidad de documentación, un revolver con munición y varios ordenadores. Aunque lo más llamativo del fruto de las interceptaciones que se han producido por ahora en relación con el entramado para vaciar las empresas ha sido el citado «bloqueo» de más de 400 inmuebles y de 80 vehículos.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, ha sido culminada finalmente por agentes de la Udyco de la Jefatura Superior de Policía de Galicia junto con agentes de Vigilancia Aduanera de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Galicia. Éstos han contado con el apoyo de investigadores de la Udef de la Comisaría General de Policía Judicial, de la Jefatura de Valencia y de la Comisaría de Ponferrada, así como de las unidades de Vigilancia Aduanera de Madrid, Valencia y León.