Diario de León

El juez teme que el celador se fugue a Suiza y le prohíbe salir de España

El magistrado ordena entregar el pasaporte al acusado de incendiar Los Ancares.

El celador, camino del calabozo en octubre del 2011, tras prestar declaración ante el juez.

El celador, camino del calabozo en octubre del 2011, tras prestar declaración ante el juez.

Carlos Fidalgo
Ponferrada

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No puede salir de España. El celador de la Reserva de Caza de Los Ancares imputado por el incendio que en octubre del 2011 calcinó más de trescientas hectáreas en Porcarizas (Villafranca) deberá entregar su pasaporte en el juzgado después de que el magistrado que instruye la causa le haya prohibido en un auto abandonar el territorio nacional por riesgo de fuga. El juez Enrique Agudo, titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ocho de Ponferrada, entiende que existe riesgo de fuga del imputado, y no sólo le ha denegado a Alberto G.G. la solicitud que había presentado para modificar sus comparecencias los días ante el tribunal y poder viajar a Suiza, donde su hija está a punto de dar a luz, sino que ha tomado en cuenta los motivos expuestos por el Ministerio Fiscal y le ha prohibido dejar el país por entender que existe riesgo de fuga.

La Fiscalía se había opuesto a la petición del celador por temor a que no volviera. El juez le da la razón y aprecia «riesgo de fuga al tener el imputado arraigo fuera del territorio nacional», según el auto al que ha tenido acceso este periódico. De ahí que de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento criminal, proceda retener su pasaporte.

La Fiscalía aludió a la gravedad de los hechos por los que está imputado Alberto G.G, que por su puesto de celador debería velar para evitar que se produjeran incendios forestales en la Reserva de Caza de Los Ancares, recordó el estado avanzado del procedimiento —el juzgado ya ha concluido la instrucción del caso y el fiscal todavía debe comunicar su escrito de calificaciones para que las acusaciones y la defensa puedan pronunciarse— y alertó del riesgo de fuga, solicitando al juez que le prohibiera salir de España.

Y así lo ha hecho el magistrado en un auto con fecha del 26 de febrero. La defensa del celador puede impugnarlo si se presenta un recurso de reforma en los tres días siguientes a su notificación, o un recurso de reforma en los cinco días siguientes.

El auto del juez mantiene la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, y a la espera de las calificaciones del fiscal y de las partes, hace pensar en la continuidad del proceso después de la fase de instrucción. Alberto G.G, debería ser juzgado entonces por un jurado en la Audiencia Provincial de León.

El imputado también debe enfrentarse a la acusación de falso testimonio y a sendas denuncias por quebrantar la orden de alejamiento de 500 metros de los montes de utilidad públicas y por amenazar supuestamente a la persona que lo denunció.

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