El presidente de la CHMS sugiere intereses especulativos en la oposición vecinal al proyecto de las márgenes del Sil
Marín asegura que los afectados podrán mantener la actividad agraria en estas fincas
El presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), Francisco Marín, sugirió hoy que detrás de la oposición de los vecinos de Flores del Sil al proyecto de protección de las márgenes del río Sil, entre este barrio ponferradino y Toral de Merayo, puede haber intereses especulativos. «Hay una plataforma pide que esa protección se acerque al río, al objeto de mantener la actividad agraria, entiendo, porque claro eso implicaría dividir las fincas rústicas y, qué buscamos, posibles especulaciones urbanísticas futuras de recalificación», planteó.
En este sentido, Marín puntualizó que la actividad agraria podrá mantenerse en esa zona, al igual que las actividades de recreo, porque son compatibles y las fincas van a quedar con sus accesos. «No encuentro cuál es el problema», afirmó el responsable de la CHMS, que recordó que se trata de un proyecto que se redactó en 2007 y que contemplaba parte de la zona urbana como zona inundable, en la vía de intenso peligro en caso de venida, pero que han llevado los muros de protección al límite que separa urbana y rústica.
«Teníamos la obligación de incluir parte de esa zona urbana dentro de la mota y no lo vamos a hacer por no perjudicar más», insistió Marín. Y es que el presidente de la Confederación aseguró no queren entrar en «discusiones técnicas» y aseguró que el proyecto sigue la legislación vigente, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, sí como las pautas que marca la estrategia nacional del río y las directrices de la Unión Europea que establece que «el río no se puede encajonar».
Así, advirtió de los peligros de inundación al tratarse de una actuación después de la confluencia del Sil con el Boeza y que hay que respetar esas zonas que tienen los márgenes para poder evacuar el agua en periodos de máxima venida. Las obras tendrán que estar finalizadas antes que finalice 2015 para mantener la financiación europea y aún falta la firma del convenio, ya que la aportación económica que tiene que hacer la Junta todavía no está confirmada. Marín espera que esté firmado en un plazo de tres o cuatro meses.
