Una sentencia judicial anula el pleno que aprobó las áreas y el sueldo del bipartito

La sesión plenaria extraordinaria y urgente celebrada en el Ayuntamiento de Ponferrada el día 30 de marzo de 2013 —Sábado Santo— y en la que se aprobó tanto la organización de las áreas y las comisiones informativas, como las retribuciones de los concejales del actual equipo de gobierno, así como la toma de posesión del edil de Deportes, Sergio Gallardo, ha quedado anulada por una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de León, cuyo magistrado titular, Alfonso Pérez Conesa, entiende que no resultó justificada la naturaleza inaplazable de dicho pleno y que no se garantizó el derecho de los concejales de la oposición a ser debidamente notificados, con tiempo suficiente para poder examinar la documentación.

Esta resolución judicial encuentra su origen en un recurso interpuesto por el Grupo Municipal Popular, que entendió vulnerados sus derechos al ser convocados para el pleno de Sábado Santo el miércoles anterior, mediando entre ambos días dos festivos. Una denuncia que comparte el juez, especialmente si se tiene en cuenta que la urgencia se aplicó únicamente al pleno y no a la constitución de las comisiones informativas aprobadas en el mismo. «La improcedencia y la falta de justificación de la urgencia de la sesión impugnada se pone de manifiesto si se tiene en cuenta que las comisiones informativas no se constituyeron después del pleno y se tardó 26 días en convocar una nueva sesión plenaria», estima el magistrado en la sentencia.

Por lo tanto y a tenor de esta resolución judicial, los acuerdos adoptados en el Ayuntamiento de Ponferrada en el pleno del 30 de marzo quedan deslegitimizados, aunque contra ella cabe aún recurso de apelación. Lo que supone a nivel práctico es de momento una incógnita. Por ello, el PP ya ha anunciado que pedirá una aclaración, teniendo en cuenta que jurídicamente anulación y nulidad no tienen las mismas connotaciones. «Nosotros en la demanda pedimos la nulidad de los acuerdos adoptados y vamos a pedir una aclaración. Luego, estudiaremos otras posibles acciones», apuntó ayer el concejal del PP Reiner Cortés. Entre ellas, la posibilidad de pedir medidas cautelares, teniendo en cuenta que el proceso puede prolongarse varios años en el tiempo ante la presentación de recursos y lo que los populares quieren es que quien hizo las cosas mal, pague las consecuencias.

De hecho, el propio Cortés garantizó que personalmente se encargará «hasta el último aliento» de que se cumpla la sentencia llegado el caso. «Personalmente me encargaré de que estos señores devuelvan hasta el último euro que han percibido si se aprueba la nulidad de pleno derecho», garantizó, lamentando que el actual equipo de gobierno haya hecho «todo por la pasta».

Ese «todo» al que hace alusión el PP se refiere además de a la moción de censura presentada conjuntamente con IAP, a la intención real —según los populares— por la que se convocó un pleno en Sábado Santo. «Detrás de todo esto lo que subyace es un cachondeo generalizado», denunció el portavoz del PP, Juan Elicio Fierro, explicando que si los entonces concejales del PSOE, encabezados por Samuel Folgueral, retrasaban más la celebración de la sesión plenaria impugnada «no podían hacer las cosas como las hicieron», es decir, aprobar sus retribuciones, porque en cuestión de horas iban a dejar de pertenecer a dicho partido para pasar el grupo de no adscritos. Así lo establece la ley antitransfugismo.

Los populares dejaron claro que llegado el momento y esté quien esté en el gobierno municipal, si la sentencia definitiva determina lo mismo, el Ayuntamiento tiene que ejecutarla.