El Defensor del Pueblo pregunta por la evaluación ambiental del dique
Ponfesil denuncia falta de transparencia de la Confederación y del Ayuntamiento.
Una de las máquinas que trabajan en el dique, en una fotografía reciente.
La oficina del Defensor del Pueblo ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) «justifique la evaluación ambiental» a la que se sometió el proyecto de construcción del dique del Sil en Ponferrada. En respuesta a la queja presentada en su día por la plataforma Ponfesil, contraria al trazado que se está ejecutando del encauzamiento, y después de dirigirse al organismo hidrográfico en busca de información, el Defensor del Pueblo ya ha echado en falta documentación sobre el impacto ambiental de las obras y su acomodo en la normativa urbanística municipal, lo que ha dado pie a Ponfesil a denunciar, una vez más, «la falta de transparencia» de las dos administraciones implicadas en la construcción del dique.
El adjunto primero del Defensor del Pueblo, Francis Fernández Marugán, asegura en la respuesta a Ponfesil que desde la CHMS «no se proporcina información acerca de la evaluación ambiental realizada del proyecto» y «de la documentación que obra en poder de esta institución se desprende que el proyecto requiere el estudio de viabilidad ambiental exigido en el artículo 46 de la Ley de Aguas». Fernández Marugan reconoce que «es posible que no sea necesaria ni declaración de impacto ambiental ni evaluación caso por caso, pero esta cuestión debe aclararse motivadamente por la Confederación, pues no se dispone de los datos técnicos que permitan averiguar el tipo de evaluación ambiental requerida en este caso».
De ahí que la oficina del Defensor del Pueblo haya solicitado a la CHMS «que remita un escrito suscinto, pero concluyente que justifique la evaluación de impacto ambiental a la que se sometió el proyecto, si se estudiaron las distintas alternativas y cuáles fueron los principales impactos detectados y las condiciones impuestas para la ejecución del proyecto, así como las medidas correctoras que debían adoptarse».
Ponfesil está convencida, a pesar de que Ecologistas en Acción lo ha negado, de que las obras están perjudicando a un humedal y además estaría generando escombros que se depositan «sin control» junto al río.
El Defensor del Pueblo también ha echado en falta un «informe previo» del Ayuntamiento de Ponferrada «sobre la adecuación de las obras previstas a los planes de ordenación urbanística». Fernández Marugan reconoce que el informe previo «no puede impedir que se realice una obra de interés general por no ajustarse al planeamiento, sino que sólo indica si la ejecución del proyecto requiere modificar el planeamiento urbanístico». El Defensor del Pueblo ha solicitado por dos veces sin éxito el citado informe por lo que «cabe entender» que «no se recabó durante la tramitación del proyecto y antes de su aprobación».
La oficina que dirige Soledad Becerril ha «recomendado» a la CHMS que «antes de la aprobación de proyectos de obras de interés general recabe el informe previo del Ayuntamiento». La oficina del Defensor del Pueblo está ahora a la espera de recibir la información solicitada al organismo hidrográfico.