La Miño-Sil impuso 64 multas por daño a los ríos en 2014, la mayoría por obras

En lo que al plano hidrológico se refiere, el año comenzó en el Bierzo con un vertido contaminante al arrollo de la Dehesa, en el polígono industrial de El Bayo, pendiente de resolver. Ha sido este el primero de los expedientes sancionadores incoados por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil en lo que va de ejercicio, pero no será el único, teniendo en cuenta que la media anual siempre sobrepasa el medio centenar de infracciones, según los datos que maneja el organismo de cuenca. De hecho, a lo largo de 2014, la Miño-Sil resolvió 64 expedientes sancionadores, es decir, impuso 64 sanciones por diversas agresiones a los ríos o a las zonas de protección que los bordean. Al igual que en años anteriores, las obras en dominio público hidráulico (DPH) o en sus zonas de protección constituyen el principal problema y a ello responden el 59% de las multas interpuestas el año pasado. De los 64 expedientes resueltos, 38 son por obras de este tipo.

Por detrás quedan los vertidos, bien sean directos o indirectos, que ponen en riesgo el ecosistema de los ríos. En 2014 se contabilizaron catorce infracciones en este sentido y ocho por derivaciones de agua sin autorización. Por su parte, las talas, las plantaciones ilegales, las acampadas o el abandono de vehículos en zonas protegidas están en el origen de cuatro de las sanciones castigadas por la Confederación Hidrográfica.

La mayoría de los expedientes resueltos el año pasado corresponden a expedientes incoados en 2013 y ninguno ha sido tipificado como grave o muy grave. Hay uno menos grave y 63 leves. Ello quiere decir que la mayoría, por ser leves, llevan aparejada una multa económica que en el peor de los casos ascenderá a los 10.000 euros. La de gravedad comedida se resolverá con una sanción que puede oscilar entre los 10.000 y los 50.000 euros, según el baremo que maneja el ente hidrográfico.

64 fueron los expedientes resueltos y 48 los incoados, es decir, sobre los que se inició una investigación en 2014. Muchos de los cuales todavía están pendiente de resolución. De esos 48, prácticamente la mitad (25) se corresponden con obras en DPH o zonas de protección, doce son por vertidos, media docena por derivaciones de agua sin autorización y cinco por otras materias menores como las ya citadas talas, acampadas ilegales o plantaciones.