La decana pide convertir el juzgado de Villablino en el noveno del Bierzo
Propone integrarlo en el Partido Judicial de Ponferrada y que funcione como desplazado.
La jueza decana de Ponferrada, Silvia Martínez Cantón, ayer en la Biblioteca de los juzgados. LDM
C. FIDALGO| PONFERRADA
El juzgado de Villablino debería convertirse a largo plazo en el noveno juzgado mixto de Ponferrada y funcionar como desplazado de su partido judicial para aliviar la carga de trabajo en el Bierzo y avanzar en la separación de jurisdicciones de sus juzgados mixtos de primera instancia e instrucción. Y a corto plazo, habría que prorrogar la jurisdicción del titular del Partido Judicial de la localidad lacianiega para que pueda realizar funciones en el de Ponferrada. Es la propuesta que ayer puso sobre la mesa la jueza decana de la capital berciana, Silvia Martínez Cantón, que compareció ante los medios para presentar la memoria anual del Partido Judicial de Ponferrada.
Cantón aseguró que «resulta extremadamente urgente acudir a una separación de jurisdicciones» en Ponferrada, ciudad donde existen ocho juzgados mixtos que van en la línea contraria a la especialización que defienden el Consejo General del Poder Judicial. Si el juzgado de Villablino, donde los jueces de Ponferrada realizan ahora mismo sustituciones, funcionara como noveno mixto de la capital berciana, no sólo participaría también en la distribución de la carga de trabajo y en el sistema rotatorio de guardias —algo en lo que ahora no entra al formar partido judicial propio— sino que haría más fácil lograr «la tan deseada separación de jurisdicciones», explicó Cantón.
En la actualidad, el juzgado de Villablino supone «una sobrecarga de trabajo añadida» para los jueces de Ponferrada, a los que «se les viene imponiendo» las sustituciones, sin que sea recíproco, aún cuando «se aprecia que la carga de trabajo del Partido Judicial de Villablino es especialmente baja». De ahí que la magistrada propone aplicar el artículo 212.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y prorrogar la jurisdicción del titular del Partido Judicial de Villablino de forma que pueda realizar funciones en Ponferrada —una medida que podría aplicarse de forma inmediata— y a largo plazo modificar la Ley de Demarcación y de Planta Judicial para que el juzgado lacianiego actuara «como noveno juzgado mixto deplazado del Partido Judicial de Ponferrada», sin moverse por tanto de la localidad, pero asumiendo carga de trabajo procedente del Bierzo.
Martínez Cantón puntualizó que los juzgados de Ponferrada siguen sobrecargados de trabajo, y en el último año han sufrido demoras por las disfunciones en la implantación de la justicia digital, a pesar de que en 2016 disminuyeran el número de asuntos registrados en el orden civil ; un 17,42 por ciento menos hasta situarse en 6.629. «El descenso de asuntos no implica que se haya reducido la carga de trabajo de este Partido Judicial», insistió antes de recordar que con ocho juzgados, la media de casos civiles es de 828, y «casi duplica» el máximo fijado en una horquilla de 450 a 550 por el Consejo General del Poder Judicial. Entre los asuntos civiles, en 2016 cayeron a 28 las demandas por la venta de participaciones preferentes y subordinadas, pero se dispararon hasta las 598 las demandas por cláusulas suelo hipotecarias.
El nuevo marco legal también explica que los asuntos de orden penal en fase de instrucción hayan caído un 39,6 por ciento en el último año en Ponferrada, hasta situarse en 6.480 —810 por juzgado— con 989 delitos leves, y en fase de enjuiciamiento se hayan reducido también un 19,5 por ciento, hasta quedarse en 807 en el Juzgado de lo Penal. «No puede decirse que haya menos criminalidad, sino que existen mecanismos de filtro» en las estadísticas, explicó la jueza. Las estadísticas a la baja «pudieran deberse a la falta de judicialización de muchas de las denuncias que dan lugar a una reducción de la instrucción», pero también «a la exigencia de reducir la instrucción a seis meses» que ahora establece el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que obliga a archivar los casos si las diligencias no son suficientes para elevar el procedimiento al Juzgado de lo Penal. Martínez Cantón recoció su preocupación por la sensación de impunidad que pudiera derivarse del cambio normativo.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer registró el año pasado 372 asuntos, que suman 160 diligencias previas, 147 diligencias urgentes y 65 órdenes de protección. Los dos juzgados de lo Social sí registraron en 2016 un incremento del 11, 2 por ciento hasta alcanzar los 2.318 asuntos. «La carga de trabajo empieza a ser estructural», resumió Cantón.
