Los ediles de Bembibre niegan que prevaricaran con la prórroga a Clece
Defienden su inocencia, acusados por el PSOE de no ejecutar la sentencia que la anulaba.
Cuatro de los cinco ediles y su abogado, ayer a su llegada a los juzgados de Ponferrada. L. DE LA MATA
C. F. C. | PONFERRADA
Los cinco ediles del PP en la anterior corporación municipal de Bembibre investigados junto al alcalde por retrasar la ejecucición de la sentencia de la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que anulaba la prórroga del contrato con la empresa Clece para gestionar la residencia de ancianos y las piscinas climatizadas, al incluir también las piscinas de verano a mayores, negaron ayer el delito de prevaricación del que les acusa el PSOE. A la espera de que el regidor y a la vez procurador en las Cortes de Castilla y León, José Manuel Otero, declare ante el TSJ por su condición de aforado, los ediles se desplazaron a Ponferrada para declarar ante el titular del juzgado número ocho que instruye la causa abierta por la denuncia de los socialistas.
Con el contrato para adjudicar en un nuevo pliego la gestión anulada de los tres servicios más el de la guardería municipal en fase de licitación, el teniente de alcalde Federico Fernández, las ediles Laura Álvarez y Gloria Castro y el concejal Serafín Vázquez, que siguen en la corporación, y el ex edil César Ferrero, se pusieron a disposición del juez. «Vamos a defender nuestra inocencia, que no tenemos porqué, por que en este país la presunción de inocencia se supone», manifestó Fernández a los periodistas a la entrada del Palacio de Justicia. Fernández insistió en que el equipo de Otero cooperará con la justicia. «Estamos a órdenes del señor juez», afirmó.
Serafín Vázquez acudió con su propio abogado, Manuel Orallo, que igualmente negó que su cliente haya cometido prevaricación en todo lo que concierne a la prórroga del contrato de Clece. Orallo aseguró que a lo sumo se podría hablar de «un retraso» a la hora de ejecutar la sentencia del TSJ que anulaba la prórroga. «Pero en ningún caso hay mala fe, ni, por tanto, responsabilidad (penal)». El letrado insistió en que la actuación de su cliente, y por extensión de todos los acusados, ha sido legal porque existían «informes jurídicos y técnicos» que avalaban las actuaciones de la Junta de Gobierno municipal. «No se ha cometido ningún tipo de ilegalidad», zanjó el abogado.