Quince familias denuncian trato vejatorio a menores en un campamento de verano

Quince familias de menores que participaron en un campamento organizado por la Diputación de León, el pasado verano en el Bierzo, han denunciado las condiciones vividas por sus hijos e hijas —de entre 8 y 12 años— durante esos días de julio de 2025. Fueron 50 los usuarios de este servicio, ofrecido por la empresa Bierzo Natura, y son 14 los menores representados en una queja común que los padres han querido hacer pública porque aseguran que las administraciones a las que han recurrido (Diputación de León y Junta de Castilla y León, principalmente) les han ofrecido «respuestas negativas e insuficientes».

«Nuestros hijos regresaron con relatos de humillación, miedo y situaciones de riesgo, incluyendo castigos físicos, uso de marcadoras de paintball sin protección, aislamiento punitivo, actividades de riesgo y condiciones materiales contrarias a lo anunciado. Además, se restringió y vigiló la comunicación con las familias y algunos menores temían represalias por hablar», afirman los denunciantes en el escrito al que ha tenido acceso este periódico y que completan con toda la documentación que demuestra el periplo administrativo que les ha llevado a la desesperación en los últimos meses.

Las familias apuntan directamente a dos monitores y a la coordinadora, aunque culpan también al resto del personal encargado del cuidado de los menores por consentir lo que estaba pasando. De hecho, entre los documentos aportados figuran dos escritos firmados por ellos dos, en los que reconocen haber tenido «un comportamiento inadecuado y falto de profesionalidad», piden disculpas y aseguran que fue una actitud «estrictamente personal, sin que la empresa concesionaria ni la Diputación de León tuviera responsabilidad alguna». Ahí mismo, solicita «la extinción de la relación laboral con Bierzo Natura». Pero esto a los padres no les sirve y piden que se depuren responsabilidades.

"Los testimonios incluyen un episodio en el que menores habrían sido obligados a correr por el pueblo sin calzado y en ropa interior"Familias denunciantes

Los testimonios de los menores que participaron en este campamento, celebrado entre el 13 y el 19 de julio, y a los que sus propias familias dan voz en las quejas —primero particulares y, ahora, colectiva— presentadas recogen hechos «grotescos», hasta el punto de que se refieren a él como «el campamento de los horrores». Describen un episodio nocturno en el que «varios menores habrían sido obligados a correr de madrugada por el pueblo como castigo, durante un par de horas, sin calzado y en ropa interior». También que los monitores entraron «sorpresivamente en el tiempo de descanso nocturno en una de las habitaciones y se habrían producido múltiples disparos con marcadoras de paintball a corta distancia y sin protección de ningún tipo». Que no se cumplieron las condiciones publicitadas y se metió a 20 niños en una misma habitación, que los que lloraban o se quejaban eran «aislados en oscuridad y durante periodos prolongados», en un entorno al que llamaban «la llorería», «sucio» y «sin comida si esta coincidía con el tiempo de castigo».

Además de lo descrito y de que —aseguran— se les impidiera a los niños comunicarse debidamente con sus padres, lo que motivó episodios de ansiedad en algunos casos; los menores también relataron «prácticas de riesgo y con fines de humillación durante actividades como la de kayak en el pantano de Bárcena» y concretan «volcadura de las barcas por parte de los monitores y dejarles en el medio del agua nadando hasta la orilla sin supervisar su habilidad de natación».

Depuración de responsabilidades

«La empresa asumió la ejecución del campamento y, por tanto, la organización, supervisión y seguridad. De los testimonios se desprende que los supervisores de la empresa estaban al corriente de las acciones violentas de monitores y no las detuvieron ni reforzaron la supervisión, permitiendo que el mismo personal continuara trabajando en semanas posteriores en actividades con infancia. Ello configura una responsabilidad por acción y por omisión en la prevención, evaluación de riesgos, formación y vigilancia del personal», defienden las familias afectadas.

Respecto a la Diputación, a la que han solicitado el reembolso del coste del campamento porque «no se cumplieron las condiciones publicitadas y que hubo un trato a los menores incompatible con lo esperable en una actividad de promoción pública», las familias consideran «habría incurrido en falta de control sobre la evaluación de riesgos y planes de autoprotección, deficiente seguimiento de la actuación de la empresa y de la coordinación del turno y ausencia de reacción inmediata ante indicios de malas prácticas». «En su condición de administración titular, la Diputación comparte responsabilidad por omisión en la vigilancia, corrección y, en su caso, resolución contractual o apertura de expediente sancionador cuando se constatan incumplimientos graves», defienden los denunciantes.

"Los niños describen aislamiento impuesto a los que lloraban o se quejaban, en oscuridad, durante periodos prolongados y sin comida"Familias denunciantes

Los denunciantes afirman que una vez que pusieron el caso en conocimiento de la Diputación, esta ofreció apoyo psicológico, «sin que ello viniera acompañado de comunicación de resolución clara sobre lo ocurrido ni de medidas de reparación concretas. Así mismo, habían recurrido al buzón de sugerencias y quejas de la Junta de Castilla y León y «no hubo respuesta», por lo que, el pasado mes de diciembre, solicitaron formalmente actuaciones a más organismos públicos y citan la Inspección de Juventud de la Junta de Castilla y León, la Gerencia Territorial de Servicios Sociales (Protección de Menores), Consumo e Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. «Incluimos al Ministerio al considerar relevante revisar las condiciones laborales y de personal de ocio y tiempo libre del campamento, por manifestaciones internas escritas y personales de verse «superados por las circunstancias» sin especificar cuáles», dicen. De momento, sin respuestas o pronunciamientos «parciales, nulos o insuficientes frente a la gravedad de lo atestiguado». Sí contestó Consumo, que ha archivado la queja porque «los hechos no constituyen infracción administrativa en materia de consumo».

Con esta acción, pretenden «evitar que más niños/as vivan experiencias similares, asegurando que este tipo de abusos no se repitan en actividades de ocio y tiempo libre que deberían contar con garantías totales». Lo que exigen de manera concreta es el esclarecimiento y evaluación por la administración competente de los hechos relatados, que se determine el nivel de responsabilidad de Bierzo Natura y la Diputación de León, medidas preventivas, reparación simbólica, «devolviendo al menos el ridículo importe pagado»; y medidas hacia la coordinadora del campamento, que «no rescindió su contrato con la empresa ni pidió disculpas ni asumió hechos».