La Fiscalía archiva la investigación penal contra Mañueco y Suárez-Quiñones por la gestión de los incendios
No aprecia la existencia de ningún delito y resuelve que se clasificaron adecuadamente los niveles de gravedad, se movilizaron medios propios de forma temprana y se solicitaron refuerzos
Mañueco y Quiñones, tras un pleno en las Cortes
La Fiscalía Superior de Castilla y León ha archivado definitivamente las diligencias de investigación penal abiertas contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la gestión de los devastadores incendios forestales que asolaron la comunidad durante el verano de 2025.
El decreto de archivo, firmado por la fiscal delegada autonómica de Medio Ambiente, Purificación Sobrino Garrido, pone fin a una investigación iniciada en septiembre de 2025 tras una denuncia presentada por una particular por "negligencia grave" en el incendio de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tras analizar el expediente, incluido el informe de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONAZ) de la Guardia Civil, el Ministerio Público concluye que no existen indicios suficientes de responsabilidad penal atribuible a los aforados, a pesar de que generó especial alarma por su valor cultural y geológico, aunque el daño directo al núcleo principal fue contenido, si bien se registraron impactos severos en zonas aledañas con miles de castaños centenarios calcinados.
En su resolución, la Fiscalía destaca que el operativo Infocal y el Plan Anual de Vigilancia, Prevención y Extinción se activaron y escalaron correctamente: se clasificaron adecuadamente los niveles de gravedad, se movilizaron medios propios de forma temprana y se solicitaron refuerzos sostenidos al Miteco (especialmente medios aéreos) y a la Unidad Militar de Emergencias (UME).
La redistribución interprovincial de recursos priorizó la protección de vidas, núcleos poblacionales y espacios de alto valor ambiental. El decreto subraya que no fue necesaria la declaración formal de nivel 3 de interés nacional, ya que los refuerzos estatales y militares fueron requeridos y atendidos con antelación. El Ministerio Público examina exhaustivamente los tipos penales invocados en la denuncia —delitos de incendio forestal, contra el medio ambiente por omisión, prevaricación administrativa por omisión, omisión del deber de impedir delitos— y concluye que ninguno resulta aplicable. La responsabilidad penal es estrictamente personal y requiere prueba de conducta individual dolosa o gravemente imprudente; no cabe imputación objetiva por el mero cargo ocupado. No se aprecia dolo ni arbitrariedad en la actuación, muchos incendios se originaron por causas naturales (rayos) y, pese a los graves daños, no existe la causalidad penal requerida por la jurisprudencia, esgrime la Fiscalía en su escrito.
El organismo público califica la denuncia como una discrepancia legítima sobre la gestión política y operativa, pero insuficiente para sustentar reproche penal. Subraya que la vía penal no sustituye el control administrativo de legalidad ni el debate político. El archivo cierra, por ahora, la investigación penal iniciada hace meses, aunque la denunciante —o cualquier persona— podría presentar querella directamente ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, competente por el aforamiento de los investigados.
El decreto recuerda que el Ministerio Fiscal comparte la preocupación por los graves daños medioambientales y las lecciones de 2025, pero su ámbito se limita a la existencia o no de delito. Las mejoras en prevención, condiciones laborales de bomberos forestales o refuerzo de medios corresponden a las administraciones y al ámbito parlamentario.
En definitiva, lo anterior no permite concluir que la actuación de las personas investigadas resultara poco diligente, y "mucho menos que supusiera la infracción del mandato que como garantes les pudiera resultar exigible, de suerte que la omisión de aquellas medidas que la denunciante estima debieron adoptarse justifique equiparar la actuación de los aforados con un comportamiento activo atentatorio contra el medio ambiente". "No se aprecia la existencia de delito de prevaricación", concluye la Fiscalía, que destaca como presidente y consejero "no permanecieron pasivos e inactivos, sino que realizaron actuaciones tendentes a dar solución a la situación planteada".
El verano de 2025 quedará grabado como uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de Castilla y León en materia de incendios forestales. Entre julio y agosto se declararon más de 1.200 fuegos, de los cuales 23 superaron las 500 hectáreas y se clasificaron como grandes incendios forestales. La superficie total afectada en la comunidad alcanzó cifras récord, según los balances oficiales de la Junta y el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), con especial virulencia en las provincias de León, Zamora, Salamanca, Ávila y Palencia. Agosto resultó especialmente crítico, con picos de hasta 64 incendios activos simultáneamente y 33 clasificados en nivel 2 de gravedad.
Las condiciones meteorológicas extremas —un junio muy cálido que secó el combustible fino, un julio con déficit hídrico y tormentas secas, y una ola de calor prolongada en agosto con vientos fuertes y numerosos rayos— generaron un comportamiento del fuego sin precedentes: perímetros de decenas de kilómetros, reactivaciones nocturnas virulentas y una propagación que en muchas fases superó la capacidad de respuesta de los medios disponibles.