La cúpula de Ciuden, en el juzgado por el caso del millonario fraccionado de pagos

La denuncia presentada por un ex asesor jurídico de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden-Ponferrada) —especialista en contratos del Estado— contra la cúpula directiva de esta entidad, por presuntas irregularidades y presunto amaño en el fraccionado de numerosas adjudicaciones menores por importe global millonario, tiene ya sus efectos judiciales. Este miércoles 15 de julio, la cúpula directiva de Ciuden en el Bierzo tuvo que comparecer en el Palacio de Justicia para dar contenido en la testifical judicial que está llevando ahora la nueva magistrada del Tribunal de Instancia Plaza número 2 de Ponferrada, Soraya Luengo. Este juzgado investiga (como pruebas de la causa) una abultada documentación que tiene en su poder sobre presuntas ilegalidades cometidas por responsables de la Ciuden, en pequeños contratos valorados en unos 2,6 millones de euros.

La causa, iniciada a raíz de la denuncia de un extrabajador de la entidad, que fue despedido según su versión por no aceptar una serie de imposiciones, se centra en el supuesto fraccionamiento sistemático de contratos para eludir las normativas de licitación pública que vienen detalladas en la Ley de Contratos del Estado. Este caso de presunta corrupción que ahora investiga la Justicia también fue elevado —como se recordará— al parlamento español con acusaciones de presunta corrupción y petición de dimisiones, sin mayores consecuencias políticas hasta ahora. La mayoría de los contratos investigados están vinculados al programa cultural Dinamiz-ARTj, destinado a territorios en «transición justa» de zonas como el Bierzo, donde cerraron las minas y se buscaban alternativas de apoyo de inversión pública. También están los contratos del Festival de Flamenco o el software de entradas de museo.

Por el juzgado pasaron a testificar la directora general de la Fundación Ciuden, Yasodhara López; la responsable del Departamento Económico y de Compras, Sara Fernández; la directora del área de Museos, Patrimonio y Cultura, Concepción Fernández, junto con otros técnicos del departamento de ayudas. Se da la circunstancia que hubo ampliación de la denuncia, aunque no se aborda en este caso. También se ha llamado a declarar a testigos del departamento jurídico, como Andrés de la Viuda, actual jefe del departamentos jurídico. Aparecen en la lista igualmente Eugenia Prada, anterior directora jurídica y secretaria general, junto con otros técnicos jurídicos como David Fernández.

La cúpula de Ciuden coincidió en señalar que todo está dentro de la normalidad y la legalidad. En la sala también había un abogado del Estado y otro representante jurídico de los declarantes encausados. Desde la defensa de una entidad como Ciuden, pagada con dinero público, y que gestiona fondos públicos del Estado, se pidió expresamente que no permitiera la entrada a la sala de vistas al único periodista (de este diario) interesado en escuchar en directo a los encausados. Los responsables de Ciuden trataron de impedir el acceso a la información en el juzgado y, preguntada la directora general por su valoración, se remitió al área de Prensa, que no emitió nada sobre el asunto. En esta causa, se señala la presunta adjudicación a medida de pequeños contratos a las mismas empresas y el fraccionamiento de facturas para que no superaran los umbrales económicos que exigen concursos públicos más rigurosos de mayor cuantía.

Por el juzgado de Ponferrada también tenía que pasar a declarar el que fuera alcalde socialista de Cacabelos, Sergio Santín. Pero ha solicitado otra fecha y posiblemente deberá comparecer en el próximo mes de septiembre, una vez pasen las semanas más vacacionales del año. Sergio Santín era el técnico jurídico que llevó la licitación del Festival de Flamenco, y estaba asignado al departamento de Concepción Fernández en la Ciuden. Es decir, era quien tenía que asesorarla y dirigirla en la legalidad. Para las mismas fechas se espera igualmente el testimonio del ex asesor jurídico de Ciuden, persona que denunció el caso y que, como se recordará, la propia dirección de Ciuden trató de desacreditar en una rueda de prensa en la que no se podía citar quien daba esa rueda de prensa.

En cuanto al fondo del asunto, el marco normativo, en base al artículo 118 de la Ley de Contratos, dice que todos los contratos menores deben constar de informe motivado (justificar la necesidad, certificado de que no está alterado su objeto con el fin de evitar umbrales de valor estimado que deben ser inferiores a 15.000€ (en contratos de suministros o servicios) y de hasta 40.000€ (en contratos de obras). También se debe tener presente a la hora de echar la cuenta la resolución de marzo de 2019 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), por la que se publica la Instrucción 1/2019, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. En ella se establecen premisas como las 3 ofertas, entre otras.