IU se propone abaratar la vivienda en Ponferrada con un nuevo plan urbano

Miguel Ángel Fernández (izquierda) y José Antonio González
Un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que abarate el precio de la vivienda en Ponferrada y no ampare «pelotazos» inmobiliarios, y un presupuesto participativo al estilo del que ha experimentado en Brasil el Partido de los Trabajadores de Lula, para dar entrada a los ciudadanos en las decisiones políticas diarias, son los dos puntales del programa electoral que está elaborando la agrupación local de Izquierda Unida. El candidato de IU a la Alcaldía, el ex concejal Miguel Ángel Fernández, y el número dos en la lista, José Antonio González, adelantaron ayer que el gran objetivo de la coalición en Ponferrada pasa por recuperar una política de viviendas sociales y reformar el actual PGOU porque se ha demostrado que la ampliación de suelo para edificar que ha traído la urbanización de La Rosaleda «no abarata el coste de la vivienda». Fernández acusó al actual equipo de gobierno del PP de favorecer la especulación por haber planificado una política urbanística «en función de los intereses creados» por distintos grupos empresariales y de la evolución de «las relaciones personales de los miembros del equipo de gobierno con los empresarios». IU también tiene intención de contar con colectivos sociales y vecinales, tanto como con los ciudadanos particulares para dar entrada al presupuesto participativo en Ponferrada y evitar que los políticos recojan un «cheque en blanco» de las elecciones para gobernar durante cuatro años. Carta de Derechos Sociales Fernández y González presentaron en Ponferrada la campaña que IU emprenderá en Castilla y León para conseguir al menos 25.000 firmas que avalen como iniciativa legislativa popular en las Cortes de Fuensaldaña su proposición de ley para una Carta de Derechos Sociales Básicos. IU pretende que la legislación autonómica reconozca una renta social para excluidos del mercado laboral que garantice unos ingresos equivalentes al salario mínimo interprofesional, y financiada con los presupuestos de la Junta, además de la promoción de viviendas públicas en la Comunidad y una política económica orientada a la creación de empleo.