Alejo dice que no se puede englobar a personal laboral y a funcionarios
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, salió al paso de las denuncias del concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada para descartar fundamentalmente que la impugnación del convenio de los trabajadores municipal responda a móviles políticos. La Delegación del Gobierno subrayó en primer lugar que es un informe de los servicios jurídicos -de la abogacía del Estado- el que determina que el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Ponferrada sobre las condiciones de trabajo y retribuciones del personal al servicio del consistorio es «nulo» al entender «que no se puede adoptar un acuerdo de esta naturaleza -subraya- que englobe a personal laboral y funcionario». Ni matiz, ni móvil político Con este enfoque, la Delegación del Gobierno sostiene que en el bloqueo judicial del convenio sólo intervienen, textualmente, «consideraciones de aplicación de la legislación vigente y no otras». «No hay matiz, ni motivación política más allá de un mero acto administrativo que se adopta por encima de cualquier consideración que no sea la mera administrativa», refutó Alejo las consideraciones de Moreno. En esta línea, la Delegación del Gobierno asegura que prefiere no tomar «en consideración» las acusaciones del concejal delegado de Hacienda y Personal. Porque, según la nota oficial, «casan mal con las reiteradas muestras de diálogo dadas por Miguel Alejo desde que tomó posesión de su cargo, como viene siendo reconocido por representantes de distintas administraciones. Desde un prisma eminentemente jurídico y administrativo, la representación del Ejecutivo recuerda que el recurso contra el convenio aprobado por el Ayuntamiento el pasado 24 de septiembre se presentó el 19 de noviembre, «una vez analizado el informe de la abogacía del Estado». Un informe que a su vez se había emitido el día 12 de ese mismo mes. Por ello, se concluye que el que atañe a los trabajadores del Ayuntamiento ponferradino es un procedimiento dirigido a «cumplir la ley y salvaguardar la legislación», y en el que prevalecen los «argumentos propuestos por los servicios jurídicos».