La Junta no intervendrá en La Rosaleda alegando que no le compete dar licencias

El consejero de Fomento, Antonio Silván, recordó ayer en las Cortes de Castilla y León que las competencias en materia de planificación urbanística, y específicamente la de otorgar licencias urbanísticas, corresponde a la administración municipal, razón por la cual la Junta, y en concreto su departamento, no tiene previsto actuar en relación a la recalificación del sector 3 de La Rosaleda por parte del Ayuntamiento de Ponferrada. En respuesta a una pregunta del procurador socialista por León, Pedro Nieto, el titular de Fomento, que tuvo que intervenir hasta en seis ocasiones en el pleno del Parlamento autonómico en relación a diferentes polémicas urbanísticas que están protagonizando la actualidad de la comunidad, leyó el artículo 292 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en el que se establece que la competencia para otorgar licencias urbanísticas corresponde al «órgano municipal competente». «La política de la Junta de Castilla y León no es intervencionista ni en este ni en ningún caso», afirmó el consejero Silván. Por su parte, el socialista Pedro Nieto, cuya pregunta era si la Junta está de acuerdo en que el Ayuntamiento siga otorgando licencias en este sector, instó ayer a la consejería de Fomento a que asuma su responsabilidad en lo que a la protección de la legalidad en el ámbito urbanístico de Ponferrada se refiere y recordó que la recalificación de estos terrenos se encuentra suspendida por dos sentencias diferentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. «El respeto al principio de autonomía municipal sí lo han cumplido, pero ¿dónde está el respeto al principio de legalidad», subrayó Nieto, quien aseguró que la Junta de Castilla y León, y en concreto el consejero de Fomento, serían co-responsables de que en los últimos años se hayan construido más de 18.000 viviendas nuevas en la ciudad de Ponferrada, cuando su crecimiento demográfico anual es mucho menor. Sin prudencia Además, el procurador socialista también denunció ante las Cortes que en este sector conocido como La Rosaleda se han suprimido 24.388 metros cuadrados de equipamientos generales mientras que «no se han incluido los que corresponderían al incremento de viviendas previsto». «El más elemental principio de legalidad obligaría a la prudencia», según afirmó Nieto, quien recordó que este tema «está sub iudice» al pesar sobre el mismo dos sentencias judiciales en contra que, sin embargo, aún no son firmes. Por último, el procurador socialista aprovechó su última intervención ante el pleno de las Cortes de Castilla y León para poner de manifiesto su confianza en que ésta y otras polémicas urbanísticas se solucionen cuando «los gobiernos de aquí y de allí estén en otras manos». «La política de la Junta no es intervencionista ni en este ni en ningún otro caso» ANTONIO SILVÁN Consejero de Fomento