Los funcionarios denuncian el colapso de la oficina de la Junta en Ponferrada

Un sólo funcionario para atender a una cola formada por más de una veintena de personas, que a veces esperan horas para poder recibir información sobre las ayudas a la vivienda o gestionar cualquier tipo de documentación. Esa era la imagen de la oficina de información y registro que la Junta de Castilla y León tiene en Ponferrada ayer al mediodía. Un colapso que se repite a diario y que ayer fue denunciado por la junta de personal funcionario dependiente de la Administración de Castilla y León. Según explicó el presidente de la junta de personal, José Manuel Barazón, este servicio cuenta con una plantilla de tres funcionarios para dar servicio a una población potencial de 150.000 personas. Además, destacó que hay ocasiones, como ocurrió en el día de ayer, que por motivos de descanso, bajas o vacaciones, era una sola persona la que tenía que llevar el «papeleo» de toda la oficina. Esta situación, además de ser inaceptable para los empleados, que viven continuamente presionados por el volumen de trabajo, provoca innumerables quejas de los ciudadanos que no están siendo debidamente atendidos. Tales deficiencias presenta el servicio ponferradino, que son muchos los bercianos que realizan directamente las consultas y los trámites en la delegación de León, aunque para ello tengan que desplazarse más de 100 kilómetros. Desde la creación de estas oficinas en el 2003, apuntó Barazón, los funcionarios han mostrado su disconformidad con el funcionamiento del servicio y se han quejado de la enorme carga de trabajo que soportan. Ante estas denuncias, la única respuesta de la Junta ha sido intentar solapar estas quejas de diversas formas, «una de ellas, las entregas periódicas de dinero a estos empleados fuera de la nómina, con cierto sigilo y oscurantismo». En esta línea, comparó la situación que vive la oficina de Ponferrada con la de Zamora, que tiene destinadas a diez funcionarios para atender a una población potencial de 66.000 personas, o la de Ávila, con 18 personas para atender a una población de 52.000. La junta de personal funcionario exige que la Administración regional estudie las necesidades de la oficina en función de la población potencial a la que presta servicio y que incremente inmediatamente la platilla para acabar con las colas y el colapso del servicio.