Tras las reclamaciones a las corporaciones locales, las que hacen referencia a fomento e industria
Los bercianos llevaron ante el Procurador del Común más de un centenar de quejas
El 28% de las denuncias presentadas hacen referencia a los ayuntamientos

El Procurador del Común, Javier Amoedo, en una imagen de archivo
ponferrada
El grueso de las quejas que los bercianos presentaron en el 2008 ante el Procurador del Común se refieren al régimen jurídico de las corporaciones locales, bienes y servicios municipales. Estas denuncias suponen el 28% del más de un centenar de reclamos que los bercianos llevaron ante el defensor de los derechos fundamentales en Castilla y León. De las 613 quejas presentadas en la provincia 103 se hicieron en la comarca del Bierzo.
Tras las denuncias a las corporaciones locales están las englobadas en el bloque de Fomento -”como cuestiones relacionadas con viviendas de protección oficial, carreteras...-”, que supone un 17% del total. Las quejas presentadas por afectados en materia de industria, comercio o seguridad social representan un 10%, seguidas de las medio ambiente (9%) y las relacionadas con interior y extranjería (7%), familia e igualdad de oportunidades (6%), sanidad y consumo (6%) y suponen un 5% del centenar presentado las que hacen referencia a materias de justicia y hacienda.
Los bercianos presentaron en el 2008 escasas reclamaciones relacionadas con la función pública, la educación y la agricultura y la ganadería -” que suponen el 4 y el 2%, respectivamente-”.
En el campus berciano
El número de quejas presentadas en el 2008 suponen un ligero incremento a las que se plantearon en el 2007, cuando no se llegó al centenar. Fue en el 2004 cuando los bercianos recurrieron más al Procurador del Común, ya que se rozaron las 120. En el 2008 la institución analizó las 2.334 quejas presentadas en toda la comunidad autónoma, frente a las 2.028 que se registraron en el edificio de San Marcos en el 2007, a nivel autonómico.
El Procurador del Común, Javier Amoedo, se encarga de la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, supervisar la administración y a los poderes públicos cuando vulneren los derechos de los ciudadanos de Castilla y León. Aunque su sede está en la capital leonesa, en el edificio de San Marcos, un asesor se desplaza los primeros miércoles de cada mes a Ponferrada, y tras una cita previa, un asesor atiende a los bercianos en unas oficinas del Campus del Bierzo.