La Junta reitera su oposición a que se instalen centros de residuos nucleares
El Consejo de Gobierno ordena presentar el lunes un recurso contra la orden de cierre de la central de Garoña por haber excedido los plazos de prolongación
Javier Fernández Costales, Juan Vicente Herrera y Mario Amilivia, en el momento de la entrega de la
La Junta reiteró ayer su «total oposición» a que se instale en el territorio de Castilla y León un Almacén Temporal Centralizado (ATC), si el Ejecutivo no rectifica su decisión de cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos. Así se recalca en un escrito remitido al Ministerio de Industria, en respuesta a la solicitud del Gobierno del informe de la posición del Gobierno de Castilla y León en torno a este asunto, según informó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
El escrito manifiesta la oposición del Ejecutivo autonómico «a cualquier plan, proyecto, tramitación o intento de consenso sobre la instalación en el territorio de Castilla y León de un ATC, mientras no se produzca previamente la revisión, en los términos y condiciones recogidos en su día en el Informe del Consejo de Seguridad Nuclear, de la decisión política adoptada por el Gobierno de la Nación de cerrar la Central Nuclear de Santa María de Garoña». «Todo ello sin perjuicio de las alegaciones que puedan realizarse, en su caso, dentro del trámite de audiencia a la comunidad autónoma en el procedimiento establecido al efecto en la normativa vigente en materia nuclear», añade.
El Gobierno autonómico presentará el próximo lunes, 22 de marzo, ante la Audiencia Nacional el recurso contra la orden por la que se establece el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, en julio de 2013. La Junta considera que la norma que no cumple con la normativa y cuenta con algunos «vicios», según dijo el consejero .
De Santiago-Juárez explicó que esta es la primera vez que el Ejecutivo nacional resuelve un asunto de estas características en un sentido distinto del informe del Consejo de Seguridad Nuclear y recordó que, entre los fundamentos del recurso, se explica que la orden argumenta de forma «pobre e inconexa» cuestiones de índole política sin ningún tipo de cobertura normativa, cuando debiera haber valorado «única y exclusivamente» el resultado de la seguridad.
Todo lo anterior, «pone en evidencia que la orden se dictó con desviación de poder al ejecutarse una competencia para un fin distinto del previsto por el ordenamiento jurídico», según el portavoz.