La comunidad lidera la ejecución del Plan de Vivienda en su primer año

Castilla y León es una de las comunidades autónomas que mejor ejecutó la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2011, con un porcentaje de cumplimiento de los objetivos del 117,51% frente al 107,8% de media en el conjunto del Estado. Además, la comunidad es la quinta en aplicación de la Renta Básica de Emancipación, la primera en relación a la cantidad de población.

Así lo destacó ayer el director general de Vivienda de la Junta, Gerardo Arias, durante un receso de la Conferencia Sectorial de Vivienda que se reunió en Madrid, presidida por Beatriz Corredor. El encuentro de trabajo permitió analizar el cumplimiento del PEVR y de la Renta Básica de Emancipación (RBE), que establece ayudas mensuales de 210 euros a los jóvenes de entre 22 y 30 años.

En términos globales, Castilla y León fue la sexta comunidad que mejor ejecutó el plan, por detrás de Cataluña, Baleares, Asturias, Andalucía y Valencia. En relación a la RBE, la comunidad fue la quinta comunidad que más solicitudes resolvió definitivamente, un total de 25.089, lo que supone el 7,52% del total.

Según los datos ofrecidos por el ministerio, el PEVR concedió en el 2009 un total de 184.271 ayudas en toda España, lo que representa un 107,8% con respecto a las 171.009 actuaciones pactadas con las comunidades. Las líneas más demandadas por los ciudadanos fueron las ayudas a inquilinos, en la que Castilla y León lidera la ejecución, y para la rehabilitación de viviendas, donde el porcentaje de cumplimiento de la comunidad asciende al 148,62%.

En la reunión, la ministra explicó a las comunidades el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 23 de abril que encomienda al Ministerio de Vivienda liderar una Plataforma social para el fomento de la rehabilitación, la accesibilidad y la eficiencia energética de edificios y viviendas. Corredor destacó que su objetivo es «extender el consenso» logrado en torno al PEVR «a los agentes sociales, entidades financieras, consumidores, colegios profesionales y administraciones públicas». Sin embargo, Arias criticó la exclusión de las autonomías de esa Plataforma social y destacó que «no ha quedado muy claro en qué va a consistir».

El director general pidió a la ministra abordar el futuro del sector en torno a tres ejes fundamentales: «la ayudas al alquiler; la rehabilitación, pero enfocada no sólo a la eficiencia energética sino también a la inspección técnica de edificios; y la financiación».