Breves
La Ley de Seguridad Alimentaria prevé multas de hasta 600.000 euros
El consejero de Sanidad asegura que la nueva normativa está «comprometida con la sociedad, es exigente con los poderes públicos, integradora e innovadora»
El consejero Francisco Javier Álvarez Guisasola, en el Pleno de ayer.
Las Cortes aprobaron ayer con los votos del PP y en contra del PSOE el proyecto de ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria, normativa que amplía el concepto de salud y la incluye en el catálogo obligatorio de prestaciones, regula la obligación de la administración a informar a la sociedad en supuestos de riesgo y enrudece las sanciones hasta los 600.000 euros por casos graves.
El consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, calificó la ley, segunda que se aprueba de su departamento y que complementa a la de Ordenación del Sistema de Salud, ratificada el pasado 24 de agosto, de comprometida con la sociedad, exigente con los poderes públicos en la obligación de informar, integradora e innovadora, según informa la agencia Ical.
Con los mismos argumentos, la popular Pilar Álvarez defendió el texto y rechazó 14 enmiendas que mantuvo el Grupo Socialista, a quien reiteró, durante el debate ante el pleno, que las retirara por entender que «no mejoran nada» la normativa presentada.
«Han perdido la oportunidad de hacer una ley útil para los profesionales y para la sociedad de Castilla y León y sólo cumplen con un compromiso electoral», sentenció la socialista Consuelo Villar, quien presentó las enmiendas de su grupo en las que pedía ampliar la participación social, mejorar la información a la sociedad, reconocimiento de los 2.000 profesionales de la salud pública y seguridad alimentaria, formación continuada de los mismos y la creación de una Escuela Superior de Investigación.
Las carencias que plantea el Grupo Socialista sobre la ley no están en el texto, sostuvo Álvarez en la replica, turno en el que insistió en la petición de retirada de las enmiendas socialistas por entender que se aprueba una «magnífica ley». Tampoco compartió que se discrimine a los trabajadores de la salud pública y seguridad alimentaria y explicó que están dentro del sistema de salud de Castilla y León. La procuradora popular recriminó a Villar que no aceptara una transacción sobre los profesionales de la salud pública, realizada en los mismos términos del borrador de la ley nacional, y otra en la que se proponía que en la red de laboratorios hubiera uno de referencia de Castilla y León.
Respecto del régimen de infracciones, establece la calificación, la graduación, la responsabilidad, la prescripción y la competencia y el procedimiento.