PP y PSOE no logran pactar las cuotas empresariales por políticas de empleo
La negociación previa no hizo posible un acuerdo para solicitar la competencia para la Junta de las bonificaciones empresariales a la formación y contratación
Un momento de uno de los debates del Pleno celebrado ayer en las Cortes autonómicas.
Los grupos Popular y Socialista no lograron ayer un acuerdo en el pleno de las Cortes sobre la posibilidad de solicitar la competencia de las bonificaciones empresariales a la formación y contratación, cuya petición se abre tras el pacto entre el Grupo Socialista en el Congreso y el PNV, de manera que se aprobó, con la abstención socialista, la propuesta popular en la que se reclama respeto a los principios de igualdad y solidaridad en caso de que se traspase esa materia al País Vasco.
El popular Raúl de la Hoz y el socialista Francisco Ramos trataron de negociar una propuesta conjunta ante la presentación por cada grupo de sendas proposiciones no de ley, la del primero para prevenir ante «una nueva amenaza», en referencia al acuerdo PSOE-PNV para la aprobación de los presupuestos estatales, y la del segundo para iniciar la negociación de este traspaso por parte de la Junta.
De la Hoz, que incidió en que un parado del País Vasco contará con 3.200 euros y uno de Castilla y León con 850, planteó una enmienda, desde la prudencia, que recogía lo que el lunes explicó el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, cuando respondió a la pregunta del leonesista Joaquín Otero.
La propuesta formulada para el acuerdo era la convocatoria del Grupo de Trabajo de Desarrollo Estatutario de la Comisión de Cooperación con el Gobierno para recibir información exacta del contenido de la transferencia, la posibilidad de ampliarla a otras comunidades y si es beneficiosa para Castilla y León y se respeta la caja única se pediría.
«Hay que ser prudentes y no lanzarse a una competencia que no se sabe si es constitucional», recalcó el procurador popular, que leyó el pasaje de una sentencia del Tribunal Constitucional en el que se vincula las bonificaciones al régimen de la Seguridad Social. «No se conoce la letra pequeña del traspaso», recalcó.
Por su parte, el socialista Francisco Ramos calificó la propuesta de su grupo de «positiva» y dirigida a mejorar el autogobierno desde la eficacia de la proximidad al poder contar con unas competencias que amplían la actual gestión de las políticas activas de empleo transferidas a la Junta. Ramos insistió en que no se rompe la caja única porque no se transfiere la cotización a la Seguridad Social ni el desempleo.