La Junta rechaza que la devolución de los coches sólo la paguen los fabricantes
Martín Tobalina se opone a las tesis del Gobierno y pide repartir con los distribuidores
Martín Tobalina, Javier Martín y la directora regional de Icex, Isabel Clavero.
El director general de Industria de la Junta, Carlos Martín Tobalina, se mostró ayer en desacuerdo con la enmienda aprobada en el Congreso de los Diputados a la Ley de Economías Sostenible por la que los concesionarios podrán devolver a los fabricantes los vehículos que no hayan vendido en el plazo de 60 días y éstos deberán recomprarlos al mismo precio.
Martín Tobalina consideró que «no es justo que toda la presión recaiga sobre los fabricantes» y pidió que se «distribuya» entre las dos partes, productores y distribuidores, sin perjudicar a ninguna de ellas. «Evidentemente ahora existe un desequilibrio que puede afectar a un sector muy debilitado, por lo que hay que corregirlo», remarcó.
El director general de Industria explicó que ésta es la posición que defenderá la Comunidad en la reunión que ha convocado el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la próxima semana con las regiones que cuentan con plantas de producción de vehículos y con los fabricantes para analizar la situación tras estos cambios normativos. A este respecto, recordó que Castilla y León es la segunda productora de vehículos de España, sólo por detrás de Cataluña.
El portavoz socialista en la Diputación de Valladolid, Juan José Zancada, anunció hoy que su grupo presentará una proposición en el próximo Pleno de la institución provincial para instar a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado a que modifiquen la Ley de Economía Sostenible, suprimiendo la enmienda por la que se pretende obligar a los fabricantes a recomprar los coches que los vendedores no logren comercializar en 60 días.
Zancada indicó que con esta iniciativa quieren mostrar su «más rotunda disconformidad» con la enmienda apoyada por los diputados y senadores del PP, CiU y PNV en la tramitación de la Ley de Economía Sostenible, que también establece que, en caso de extinción de contrato, la marca deberá pagar al distribuidor las inversiones pendientes de amortizar, las indemnizaciones por los despidos que deba afrontar y, además, comprarle las mercancías (autos y repuestos) que aún tengan en -˜stock-™.
El portavoz socialista aseguró que esta norma «pone en peligro las inversiones de las multinacionales en España y buena parte del empleo en el sector», y lamentó que «el Partido Popular de Mariano Rajoy, con tal de dañar al Gobierno de España, sea capaz de aliarse con nacionalistas vascos y catalanes sin medir las consecuencias de estas actuaciones para los ciudadanos de a pie».
En esta línea, recordó que en Valladolid hay «más de 5.000 familias que viven del sector de la automoción», por lo que consideró que «todos los vallisoletanos» han sido «engañados».