Una piedra en el camino del desarrollo autonómico

El Duero es la espina dorsal de Castilla y León y, sin embargo, gestionar sus aguas se ha convertido en una piedra con la que se han golpeado ya varias generaciones de políticos de la Comunidad que ven en esta posibilidad la culminación de sus expectativas autonómicas. Desde finales del siglo XIX, los primeros movimientos regionalistas consideraron el territorio del Duero como el marco natural para una cierta autonomía. Ese espíritu se retoma en la transición y es el que anima el actual marco autonómico en la Comunidad, aunque el Estatuto de Autonomía que se aprobó el 25 de febrero de 1983 no cita ni una sola vez al río en su texto. «La mayoría de los estatutos de aquel momento se hicieron cogiendo el modelo de Eduardo García de Enterría y apenas se incluyeron cuestiones diferenciales», según explica un experto en el desarrollo estatutario. Así, permanecería hasta el año 1999, cuando los grupos parlamentarios de Castilla y León chocaron, por primera vez, con la piedra de la gestión del Duero. Hasta entonces, el Estatuto se limitaba a recoger como competencia exclusiva los «proyectos, construcción y explotación de aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas discurran íntegramente por el territorio de la Comunidad», así como la «ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran íntegramente por el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma».