La CHD examina 90 alegatos sobre el Plan Hidrológico
El proyecto entrará en vigor el primer trimestre de 2012
Imagen del embalse de Riaño.
La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) estudia 90 alegaciones presentadas al proyecto del nuevo Plan Hidrológico para la vertiente española de la cuenca del Duero. El documento, que ha superado ya la fase de información pública, será aprobado por el Gobierno mediante Real Decreto en una reunión del Consejo de Ministros. El siguiente paso será su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que entrará en vigor en el primer trimestre de 2012.
El plan, que sustituirá al anterior de 1998, ha motivado la presentación de casi un centenar de alegaciones por parte de las administraciones públicas. También han participado en el proceso de exposición pública asociaciones agrarias, de regantes y ecologistas, así como empresas hidroeléctricas y particulares. Éstas han versado especialmente sobre la asignación de recursos, las reservas de caudales ecológicos y el registro de zonas protegidas.
Esta herramienta de gestión permitirá la aplicación de la Directiva Marco del Agua en la cuenca del Duero, una de las tres que tiene más avanzada la elaboración de nuevos planes hidrológicos. Tras finalizar el periodo de seis meses de información pública, la CHD está tramitando y analizando las alegaciones a través de órganos colegiados como el Consejo del Agua y el Comité de Autoridades Competentes.
Una vez que se hayan respondido, se enviará al Consejo de Ministros para su aprobación, según precisó el presidente de la CHD, Antonio Gato, quien indicó que su objetivo es que el nuevo plan esté vigente en el primer trimestre de 2012. Este marco identifica las infraestructuras prioritarias que deben desarrollarse en los próximos cinco años, es decir, antes del 31 de diciembre de 2015 para cumplir la normativa y conseguir el «buen estado» de las 774 masas de agua de la demarcación.
El coste de las 969 medidas previstas alcanza los 2.712 millones de euros, de los que 1.035 se destinará a medidas de saneamiento. El resto de la inversión se distribuirá en obras vinculadas con infraestructuras hidráulicas, regadíos, redes de abastecimiento y sistemas de regulación y control. El Ejecutivo autonómico asumirá el 46% y la empresa Somacyl el 2%, lo que supondrá hasta 2015 un desembolso de 1.250 millones y 41,4 millones de euros, respectivamente. Mientras, el Estado asumirá 1.373 millones.