La Junta pactará con la judicatura el coste efectivo para asumir el traspaso
De Santiago-Juárez espera el informe del Gobierno sobre la competencia del agua.
De Santiago-Juárez, ayer en la rueda de prensa.
La Junta de Castilla y León iniciará la próxima semana una ronda de contactos con la judicatura de la Comunidad para analizar cuál es el coste efectivo de la Justicia y establecer un límite por debajo del cual no se asumirán del Estado las competencias en esta materia, informa Efe.
De esta ronda de contactos surgirá una valoración que hará suya la Junta de Castilla y León, que posteriormente intentará alcanzar un pacto político para que estas condiciones económicas sean una postura compartida para la hipotética asunción de las competencias de Justicia, pendiente desde hace años por la discrepancia de valoración entre las administraciones central y autonómica. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, José Antonio de Santiago-Juárez, ha recordado que la última cuantificación del traspaso enviada por el Ministerio de Justicia en 2010, que rondaba los 130 millones de euros, fue rechazada al no incluir algunos de los parámetros que la Junta considera deben quedar asumidos. En concreto, De Santiago-Juárez se ha referido a las inversiones que necesitan las sedes judiciales, la garantía de que se va a cumplir con el proyecto de ciudades de la Justicia en las capitales de la Comunidad y las condiciones en que se asume el coste de la prestación del servicio de turno de oficio.
El portavoz de la Junta ha recordado que hay comunidades autónomas que ya han anunciado que no tienen intención de asumir estas competencias y que otras quieren devolverlas, por lo que ha insistido en que si lo que pretende el Gobierno central es «transferir déficit» dirán no al traspaso.
Sobre otra de las competencias que están pendientes de transferir, la de la gestión del Duero, De Santiago-Juárez ha explicado que están esperando a conocer la información que les aporta el Ministerio de Política Territorial, después de que haya aprobado una modificación de la ley de aguas que puede servir para «resolver el problema de la Junta de Andalucía» respecto al Guadalquivir, pero que no encaja con la situación de Castilla y León y el Duero.