Versiones antagónicas sobre el mismo informe

Conocida es la ilimitada capacidad de los políticos para arrimar el ascua a su sardina, interpretando sesgadamente la realidad a su conveniencia partidista. No se trata ya de que unos vean la botella medio llena o medio vacía, cosa que se entendería perfectamente, sino de que a veces la misma botella unos la ven completamente llena y otros absolutamente vacía.  Lo que sucede cada año en la sesión parlamentaria que debate el Informe del Procurador del Común es harto elocuente. A partir de un mismo texto -en este caso las 1.167 páginas dedicadas por el Defensor a las quejas recibidas y tramitadas a lo largo del 2010- los distintos grupos llegan a conclusiones absolutamente dispares. Y ello sin que nadie cuestione el trabajo de Javier Amoedo, que todos ponderan y elogian como riguroso e independiente.  Para la socialista Ana Redondo -quién, pese a la presencia de Óscar López ayer volvió a ejercer como portavoz de su grupo- el Informe del Procurador es una especie de auditoría que pone negro sobre blanco los vicios y deficiencias con que funciona la Administración Autonómica. Particularmente lamentable consideran los socialistas la falta de igualdad de oportunidades en materia de acceso a la función pública, un problema que se reproduce año tras año y que el propio Procurador viene constatando en sus actuaciones de oficio. En esta denuncia el procurador de IU, José María González, fue aún más contundente, refiriéndose a la existencia de «favoritismos, enchufes y nepotismo».   Redondo y González también coincidieron en afear la conducta de las distintas administraciones que no colaboran con el Defensor en la tramitación y resolución de las quejas. Y la portavoz socialista se encargó de resaltar que la antigua Consejería de Medio Ambiente encabeza el «registro de administraciones y entidades no colaboradores» que aparece en la página web del Procurador.  Nada que ver con lo anterior la lectura realizada por el portavoz del grupo popular, Carlos Fernández Carriedo, quién recurrió a la estadística para valorar de forma satisfactoria el contenido del Informe. Para empezar subrayó que el número de quejas ciudadanas ha disminuido en el 2010 más de un 20 por ciento respecto al año anterior, dato especialmente significativo en la actuación situación de crisis. Luego recalcó que la mitad de esas quejas no conciernen a la Junta, sino a la Administración Local y, por último resaltó que sólo apenas un centenar se refieren a la Sanidad y la Educación, las principales competencias del gobierno autonómico. Sobre la base de esos datos Carriedo defendió el óptimo funcionamiento de la Administración Autonómica, atribuyendo además buena parte de las quejas dirigidas a los ayuntamientos a una insuficiencia financiera de la que responsabilizó al gobierno central. El procurador de la UPL, Alejandro Valderas, se salió de esa dinámica  bipolar e incluso dejó deslizar cierta falta de sensibilidad del Procurador respecto a las quejas que recibe sobre la discriminación que sufre el fomento de la identidad leonesa. Valderas, quien recordó que aún no se ha subsanado en los libros de texto la afirmación según la cual el Estatuto de Castilla y León fue aprobado en referéndum, también echa en falta un mayor seguimiento acerca de las resoluciones del Procurador.

Ajeno a la controversia política provocada por su Informe, Amoedo puso fin al debate sin olvidarse de agradecer a la Junta la entrega de la nueva sede que estrenará en las próximas semanas.