El 112 pasa factura a las negligencias
La Junta crea una tasa para evitar el uso inadecuado de los servicios de emergencia, que suponen un alto coste
Los ciudadanos que hayan actuado de forma negligente y, como consecuencia, hayan sufrido un accidente tendrán que asumir el coste de los servicios de búsqueda y rescate realizados por el Servicio de Emergencias 112. Así lo anunció ayer la consejera de Hacienda Pilar del Olmo, como uno de los cambios normativos que se introducirá a través de la Ley de Medidas Financieras a lo largo del próximo año.
La medida, según Del Olmo, está dirigida a evitar actividades peligrosas o imprudentes que ocasionan «cuantiosos dispendios a la Administración».
La tasa oscila, por ahora, entre los 25 euros y los 1.947 euros en el caso de que se desplace un helicóptero para realizar el rescate del herido.
Según la consejera, se trata de una medida preventiva que pretende conseguir una actuación responsable por parte de los ciudadanos.
Del Olmo expuso distintos supuestos en los que el ciudadano estaría obligado a pagar la tasa: en el caso de bañarse en un río señalizado con la prohibición para hacerlo o en el caso de no atender a las alertas del Servicio Meteorológico. «Se trata de una medida disuasoria, no existe un afán recaudador», explicó.
Por otra parte, entre las deducciones que se mantienen, están las bonificaciones en el impuesto sobre la Renta relacionadas con la construcción. Aunque en origen estaban limitadas a 2011, la Junta ha decidido prorrogarlas durante un año más con el fin de prolongar sus efectos y al mismo tiempo aflorar la economía sumergida.
Se trata de la deducción por hacer reformas en la vivienda habitual (que asciende al 15% de la inversión, con un máximo de 10.000 euros por contribuyente) y de la asociada a la Inspección Técnica de Edificios (que tiene los mismos importes y bonifica las obras en inmuebles de más de 30 años de antigüedad, de modo que superen la revisión que es obligatorio realizar a partir de los 40 años).
Además, se mantiene la bonificación del 95 por ciento en la tasa que grava la prestación de servicios veterinarios en el ganado ovino y caprino, y se eleva del 75 al 95 por ciento en el caso del bovino, los conejos, el porcino (sacrificio y reproducción) y el porcino de cría. En el pleno no tributario, Del Olmo anunció un mayor control de las subvenciones que se otorgan, que consistirá en que la Junta tenga cobertura legal para «hablar o visitar» al beneficiario de una ayuda y comprobar que se destina al fin para el que se ha dado. Ahora la verificación es documental.