La Junta niega que existan contratos blindados en la Agencia de Innovación

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, aseguró ayer que en la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial ni existen contratos blindados ni los altos directivos cobran hasta 120.000 euros, como denunció el portavoz del grupo mixto y procurador por Izquierda Unida, José María González, quien acusó a la Junta de «despilfarro».

González preguntó ayer en la primera sesión del pleno de las Cortes si la Junta cumplía la promesa de austeridad en la nueva agencia. Además, aseguró que disponía de información acerca de los salarios de alrededor de 24 altos directivos, que —según sus datos— «oscilan entre los 50.000 y 120.000 euros».

Herrera respondió que en la nueva agencia no puede hablarse de «despilfarro» y recordó que la organización de esta empresa pública surge del Consejo de Diálogo Social, con representación de los sindicatos y empresas. «Si fuese así, entonces su grupo también sería coparticipe», advirtió el presidente.

Respecto a los sueldo de los altos directivos, Herrera dejó claro que «ninguno» percibe un salario bruto anual de más de 120.000 euros y que no son 24, sino 18, incluidos los nueve directores territoriales. «Perciben una media de 50.000 euros», puntualizó.

González volvió a insistir en su turno de réplica y aseguró que los directivos de la nueva agencia cuentan con derechos «por encima de los de los funcionarios». «Pido trasparencia para esos contratos que dependen del dinero público», concluyó González.

A lo que Herrera le respondió, visiblemente más serio, que antes de pronunciar esas aseveraciones solicite la información pertinente a la Junta. «¿Le ha negado la Junta alguna vez información sobre los contratos?», le preguntó Herrera a González. «Su situación es perfecta legal, se trata de contratos ordinarios. No es desproporcionado 18 altos directivos en una plantilla de 200 trabajadores», destacó Herrera, y añadió: «pida información y luego hable».

Por otra parte, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, aseguró ayer ante la Cámara que mantendrá el recurso, presentado en Castilla y León contra los Presupuestos Generales del Estado de 2011, donde reclama 724 millones de la liquidación del modelo de financiación. Aunque, el procurador socialista, José Francisco Martín, dio por supuesto que retirarán el recurso por «no tirar el dinero» y pidió que remitan a la Abogacía del Estado una copia del acta de la sesión celebrada ayer.

Según Martín, la Junta «miente» al argumentar que no incluyeron los 724 millones en las cuentas regionales por un ejercicio de «responsabilidad» y acusó al Ejecutivo de presupuestar los 211 millones que «sabían que el Gobierno les daría».