La Comunidad busca un acuerdo para blindar los servicios esenciales

La crisis no pasó por alto el capítulo de servicios sociales en Castilla y León, hasta el punto que llevó al Gobierno regional a buscar un «gran acuerdo social y político» para blindar los servicios esenciales, en un año en el que el sistema del estado de bienestar estuvo contra las cuerdas en el conjunto del país. Dicho pacto, que podría ver la luz en la próxima primavera, busca la sostenibilidad actual y futura de los servicios sociales, así como la garantía en la equidad en el acceso; la calidad en la atención, y la puesta en marcha de medidas para avanzar en una mayor eficacia y mejora de los mismos.

El año que acaba también estuvo protagonizado por el arranque de la aplicación de la renta garantizada de ciudadanía, una medida que dota a la población del derecho a contar con un mínimo de recursos para poder vivir que puede, incluso, reclamar a través de los tribunales.

Al tiempo que este subsidio marcó un hito en las políticas sociales, agentes sociales y Administración acordaron abordar la puesta en marcha de una ayuda para bienes de primera necesidad y emergencias en el marco del Diálogo Social.

A juicio de los sindicatos, este apoyo constituiría el último eslabón del mapa de prestaciones sociales en la Comunidad. Se trataría de un apoyo «asimétrico» para todas aquellas personas que no puedan cubrir sus necesidad básicas, en referencia a alimentación, vivienda, energía para calentarse e higiene, aunque perciban la renta garantizada.

Con las elecciones autonómicas llegaron nuevas caras a este departamento. Así, el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, Antón, cedió el testigo a Marcos quien estuvo al frente de la Gerencia de Servicios Sociales, con quien trabajó en la Consejería de Sanidad cuatro años antes, al frente de la Dirección General de Planificación Sociosanitaria.