Más de 6.400 personas reciben 537 euros al mes de la Renta Garantizada

En total, 6.426 personas han recibido la Renta Garantizada de Ciudadanía a lo largo de su primer año de aplicación. En concreto, cobraron una media de 537 euros mensuales para cubrir necesidades básicas, según explicó ayer la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, tras asistir a la Comisión de Seguimiento de la aplicación de esta ayuda, amparada por ley y que nació con la última reforma estatutaria.

Marcos señaló que con esta prestación se atiende las necesidades básicas de subsistencia de más de 15.000 castellanos y leoneses, dado que cada unidad familiar cuenta con un promedio de 2,41 beneficiarios. La entrada en vigor de este nuevo derecho suscitó una gran expectación, aseguró la consejera, como lo demuestra que 82.523 personas solicitaron información sobre la nueva prestación desde finales de diciembre de 2010,a razón de 226 peticiones de información al día.

Sin embargo, no todas ellas se materializaron en la presentación de una instancia. Solo un 22% de aquellos que demandaron información, en concreto 18.086, presentaron su solicitud para acceder a la ayuda en los 189 centros de acción social o en las gerencias territoriales de Servicios Sociales, unos trámites desarrollados por los 127 profesionales del departamento de la Junta y la colaboración de las corporaciones locales.

Antes de que pueda dictarse la resolución final, los profesionales de los Servicios Sociales deben grabar la solicitud, cruzar los datos aportados por los solicitantes con las bases de datos de distintos organismos, evaluar los ingresos y patrimonio del demandante y de la unidad familiar y elaborar los pertinentes informes sociales.

De esta manera, la Consejería resolvió en este periodo el 85,61% de las solicitudes presentadas, en total 15.483. Las 2.603 restantes aún están en trámite pendientes de subsanar errores o porque falta el informe social. Todas ellas, en cualquier caso, «están en plazo», según confirmó la consejera, quien precisó que el compromiso de resolver en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud «se está cumpliendo».

Intento de fraude. Finalmente, 9.057 solicitudes fueron denegadas: en más de la mitad de las ocasiones, por incumplir ciertos requisitos (no demandantes de empleo, patrimonio, ingresos y empadronamiento, entre otros), pero también por no ser localizadas y por no contestas a la petición de la Administración de subsanar errores. Precisamente, estos dos últimos son sospechosos de intento de fraude para cobrar la prestación sin cumplir las exigencias, algo en que Milagros Marcos tranquilizó, ya que la Junta establece un proceso riguroso para evitar que ello suceda, siempre con la información solicitada al posible perceptor.

En este sentido, remarcó que Familia e Igualdad de Oportunidades ha regulado un derecho para «regular la subsistencia» de este colectivo que ocupa el último peldaño de protección social, «que lo hace con criterios rigurosos», y que cuenta con un programa de inserción de trabajo.