UGT advierte de la presentación de EREs «en cascada» en las administraciones locales ahora que lo permite la reforma laboral

La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP) advirtió hoy de la presentación de expedientes de regulación de empleo (ERE) «en cascada» en las administraciones locales de Castilla y León y España que se podrían suceder una vez que la reforma laboral aprobada por el Gobierno central lo permite, algo que no podía ocurrir hasta ahora, que se planteaban únicamente en el ámbito privada.

Así lo aseguró el secretario de Acción Sindical de la FSP-UGT, Tomás Pérez, quien recordó que ya la Diputación de Valladolid propuso un expediente de regulación de empleo que no puso sacar adelante, «por lo que llegó a un acuerdo con sindicatos a la espera de esta reforma». «El Gobierno del PP ha abierto la puerta y ahora ya pueden hacer un ERE», criticó.

Todo ello conllevará «recortes de los derechos, ampliación de jornada, bajada de retribuciones y también otros aspectos importantes» que no se conocerán antes de las elecciones asturianas y andaluzas, según Pérez. Por este motivo, pidió la asistencia de todos los empleados públicos, tanto de las administraciones como de la sanidad, la educación o aquellos que trabajan en la prestación de servicios sociales, a una protesta que se celebrará el 28 de febrero ante las Cortes de Castilla y León, un acto que debe servir para concienciar a la Junta y al Ejecutivo de Mariano Rajoy del «recorte de derechos que llevan a cabo».

Según la secretaria de Administración Local de la FSP-UGT, Soledad Marcelino, aún no se han registrado EREs, pero sí «decretazos» de algunos consistorios, como el de Valladolid, que ha planteado «recortes de derechos sociales» de los empleados públicos y anular las mejoras pactadas, cuando en el Ayuntamiento vallisoletano «esto es masa laboral». Además, critican que no tiene sentido suprimir empleos públicos cuando el regidor, Javier León de la Riva, «pretende externalizar» algunos servicios, como la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o la privatización de las multas. En este sentido, anunció que los servicios jurídicos de UGT están valorando acudir a los juzgados al respecto «el alcalde ha dicho que esto o nada». Otro consistorio similar es el también vallisoletano de Arroyo de la Encomienda.

Marcelino explicó que la crisis afecta a las administraciones locales de tal forma que provoca recortes, lo que sumado a la «cantidad de competencias impropias», muchos consistorios encuentran «complicaciones económicas que repercutirán en su futuro y, por lo tanto, en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos». Ello se argumenta, según sostuvo, en que «empeorarán los servicios, habrá más paro y retraimiento del consumo». Además, «hace tiempo» que los empleados públicos «están asustados y ello no es bueno para la economía».

Al respecto, Marcelino exigió responsabilidades penales y patrimoniales a aquellos alcaldes que «derrocharon en época de bonanza». «¿Dónde está el superávit y las previsiones de años venideros?», cuestionó. Por ello, ofreció la ayuda de FSP-UGT a las administraciones locales para colaborar en la reestructuración local, pero exigen «respeto a los trabajadores a través del diálogo, porque si vulneran los derechos tendrán la respuesta correspondiente ante la legislación».

En Castilla y León hay 35.543 empleados públicos en los 2.248 municipios (627.092 en España). Según la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entre el 30 y el 40 por ciento de los trabajadores de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes es personal no fijo «que carece de estabilidad laboral, en precario» y que podrían estar en peligro por «decretazos y expedientes de regulación de empleo». La mayor parte de ello, dijo Soledad Marcelino, perciben 900 euros de salario y se vieron afectados por el cinco por ciento de recorte de su salario, «pero en época de bonanza no se les tuvo en cuenta».

Saltarse pactos

Igualmente, la secretaria de general de FSP-UGT Castilla y León, Carmen Amez, alertó de que en algunos municipios ya han comenzado a observarse como «se saltan pactos y acuerdos sindicales» y ello podría «acabar en juicio». Al respecto, puso como ejemplo la Diputación de León, donde la presidenta, Isabel Carrasco, «tiene derecho a todo».

También citó que en el Hospital de León no se renuevan los contratos de los médicos que realizan las pruebas de laboratorio, las cuales deberán ratificar ahora algún técnico «que esté allí y eso es gravísimo».

Propuesta de la CEOE

Amez analizó también la propuesta lanzada ayer desde la patronal española de suprimir la prestación por paro a aquél que rechace una oferta de trabajo. Al respecto, consideró que es una «demostración del poder que al empresario le ha dado el Gobierno». A su juicio, se pretende «acabar con la clase media» y conminó a los empresarios que como Laponia «está ahí cerquita, que vayan ellos primero para crear empresas».

Por último, Tomás Pérez recordó que al Gobierno ‘popular’ de José María Aznar le costó una huelga general una propuesta similar de retirar el paro al que rechazara tres ofertas de empleo en un radio de 300 kilómetros. «La propuesta de la CEOE es para meter miedo, porque si no la hubieran tratado solo en las reuniones privadas y antes de la aprobación de la reforma laboral. Y este miedo que genera en la sociedad no potencia el consumo», concluyó.