Aguado: «Conseguir los 70 millones no es para ponerse una medalla»
«No es cuestión de colores políticos, sino de defender los intereses autonómicos».
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, rechazó ayer que la Junta de Castilla y León se «cuelgue medallas» al conseguir que el Estado abone 70 millones derivados de pagos sanitarios pendientes del año 2001, debido al traspaso de la competencia en sanidad el 1 de enero de 2002. «Nos da igual quién gobierne si hay perjuicio a nuestros intereses», respondió al portavoz de Hacienda y secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín.
En ese sentido, el titular de Sanidad indicó que «no es cuestión de medallas», sino de defender los intereses de la Comunidad y recordó que el Ejecutivo autonómico ha manifestado «desde el principio» que la competencia se valoró «bien», aunque había algunas cuestiones sobre las que la Junta mantenía divergencias con el Gobierno central. Además, señaló que el gerente de Sacyl se dirigió por carta en octubre de 2003 al secretario de Estado de Hacienda y a la directora del Instituto de Gestión Sanitaria para reclamar el pago de algunas cantidades.
Asimismo, Sáez Aguado sostuvo que al principio del proceso el Gobierno «dio largas» a Castilla y León y contestó «negativamente» a la reclamación de la Comunidad. Por ello, aseguró que le «sorprende» que José Francisco Martín acuse a la Junta de ponerse medallas al conseguir por la vía judicial que el Estado abone a la Comunidad 70 millones. Además, recordó que el Ejecutivo también presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para pedir 724 millones al Estado.
Finalmente, el consejero sostuvo que la Comunidad mantiene dos litigios más con el Estado por pagos en materia de sanidad, si bien indicó que su importe no es elevado, por lo que a su juicio el fallo del TS cierra las reclamaciones derivadas del traspaso de competencias.
1397124194 Deuda sanitaria. La partida de 70 millones es la cantidad que la Junta recurrió porque, en el periodo de cogestión, entre enero y junio de 2002, el Gobierno central liquidó unas cantidades de meses anteriores que luego pretendía endosar al Ejecutivo autonómico, que ascendían a 53,5 millones, de los que 35,6 corresponden a gasto farmacéutico, 8,19 a personal y 9,64 a bienes y servicios.
Tras los primeros intentos ante el Contencioso-Administrativo, la Junta recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que obligó en 2009 al Gobierno a pagar los 8,19 millones de personal, más intereses de demora.
Recurso al Supremo. La Junta, que no estaba de acuerdo por considerar que no se hacía caso a sus pretensiones, recurrió ante el Tribunal Supremo, que ahora da la razón a la Comunidad y obliga al Estado a pagar el total de lo correspondiente a ese gasto farmacéutico y bienes y servicios, más los intereses de demora, que por ambos conceptos el TS los calcula en unos 15 millones.