Anticorrupción recurre el archivo de la imputación de la cúpula de Teconsa
El fiscal pide mantener la supuesta prevaricación de Martínez . Núñez, su hijo Martínez Parra y Molinero por la variante de Olleros.
Rafael Martínez Molinero.
La Fiscalía recurre el sobreseimiento provisional de las actuaciones del caso Gürtel contra el expresidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago; un recurso que se refiere también a la decisión de dejar sin efecto la imputación respecto al propietario de Teconsa, el empresario leonés José Martínez Núñez; su hijo, José Luis Martínez Parra y el directivo de la empresa, Rafael Martínez Molinero.
Todos ellos están imputados por el caso de la supuesta prevaricación en la adjudicación de la variante de Olleros de Alba en el 2002, relacionada con la trama Gürtel. El recurso de apelación de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, al que tuvo acceso Efe, explica que discrepa del sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto del delito de prevaricación.
Se muestra también en desacuerdo con la prescripción del delito de cohecho atribuido a Fernández Santiago, también exvicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico -entre 1999 y 2001- y exconsejero de Fomento -del 2001 al 2003-.
Hechos imputados
La resolución judicial ahora recurrida optó además por la remisión por testimonio al Juzgado Central de Instrucción número 5 de las actuaciones relativas a los hechos imputados en el procedimiento a Francisco Correa, Luis Bárcenas, José Gerardo Galeote, Jesús Merino, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo, Andrés Bernabé y Domingo Magariños.
El auto de 10 de abril pasado del TSJCyL contra el que se dirige el recurso del Fiscal sobreseyó «parcial y provisionalmente» las actuaciones respecto a Fernández Santiago y otros once funcionarios y técnicos imputados, entre los que se encuentra el director general de Carreteras de la Junta de Castilla y León, Luis Alberto Solís.
Al exponer los motivos por los que discrepa del auto, el fiscal considera que, para poder dar por concluida la instrucción sería necesaria la práctica de diversas diligencias, parte de ellas inicialmente acordadas por el instructor y después dejadas sin efecto, «sin que conste en el procedimiento el motivo por el que ya no sean precisas».
Para el fiscal, «la decisión del Instructor de no practicar diligencias indispensables para la investigación ha impedido comprobar (o descartar) la comisión de los delitos objeto del procedimiento».
Entre las diligencias que el fiscal califica de «necesarias» para la comprobación de los hechos objeto del procedimiento «destaca una por su extraordinaria relevancia», el informe del Interventor General del Estado nombrado en funciones de auxilio judicial, que en su día había emitido dictámenes relativos a la adjudicación de la Variante de Olleros de Alba a petición del TSJ de Madrid.
Tras referirse a las comprobaciones «que eran precisas por parte de la Intervención General», el fiscal sostiene que «han sido impedidas por el instructor. Unas por la vía de dejar sin efecto lo acordado por él mismo meses antes y otras por la vía de no adoptar resolución expresa al respecto».