Gobierno y Junta retrasan el acuerdo de las transferencias de Justicia

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, acordaron ayer en Madrid posponer las negociaciones para la transferencias de los medios materiales y personales de la Justicia a que el Gobierno apruebe su reforma integral, a través de un proyecto de ley que el Ministerio registrará en el Congreso de los Diputados el próximo mes de septiembre o de octubre.

Así lo señaló a la salida del encuentro De Santiago-Juárez, quien coincidió con el ministro en que «parece lo más sensato, oportuno y adecuado» esperar a que se ponga en marcha «el nuevo modelo de Justicia de España» y «posteriormente sentarnos a negociar».

Si bien, el responsable eludió fijar un horizonte temporal para la culminación del traspaso. Peguntado sobre si las transferencias podrán cerrarse en esta legislatura, el consejero señaló que «todo depende de cuándo acabe la tramitación del proyecto de ley en el Parlamento» porque «será a partir de ese momento cuando nos sentemos a negociar».

En la reunión, retrasada en dos ocasiones –la primera por un motivo personal del consejero y la segunda por la agenda del ministro-, el consejero de la Presidencia entregó al ministro de Justicia el pacto por la Justicia, que es la posición acordada por la Comunidad para negociar el traspaso de esta competencia a Castilla y León.

De Santiago-Juárez rechazó que la decisión de posponer la negociación responda a ningún cuestionamiento acerca del modelo autonómico y reiteró su tesis de que el Estado Autonómico «ha sido la historia de un éxito». «Lo defendemos en los tiempos buenos y en los malos también», añadió el también portavoz de la Junta, resaltando que «España se ha modernizado y ha progresado gracias a la descentralización».

El consejero concretó que en estos momentos la distancia entre el Gobierno y la Junta si se sentaran a negociar podría cifrarse en torno a los 30 millones de euros. Además, entregó al ministro el Pacto por la Justicia suscrito en Castilla y León, que fija las condiciones básicas para recibir las nuevas competencias.

De Santiago-Juárez las resumió señalando que «la Comunidad puede asumir nuevas competencias pero en ningún caso nuevo déficit».

De Santiago-Juárez defendió que el modelo de justicia que se decida en la nueva normativa es importante para determinar las condiciones de financiación.